El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a profundizar este lunes su enfrentamiento con la administración de Javier Milei al denunciar que el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, mantiene bloqueados los avales necesarios para acceder a financiamiento internacional destinado a obras de infraestructura. Desde La Plata aseguran que la falta de esas autorizaciones mantiene paralizados proyectos estratégicos de agua potable, saneamiento, rutas y control de inundaciones, mientras otras diez provincias ya recibieron el visto bueno de la Nación para avanzar con créditos otorgados por organismos multilaterales.
Durante la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que la negativa forma parte de una decisión política del Ejecutivo nacional para restringir financieramente a la provincia más poblada del país. Además, cuestionó la falta de respuesta del jefe de Gabinete, Diego Santilli, a un pedido formal de reunión realizado por la administración de Axel Kicillof.
“La micro está horrible y la macro está muy mal, aunque hayan aumentado las reservas y bajado el riesgo país. La situación de las familias y de las pymes está muy mal”, afirmó Bianco al presentar un diagnóstico económico crítico de la gestión nacional.
El funcionario también enumeró una serie de indicadores para respaldar esa postura. Mencionó una caída interanual de la recaudación tributaria, la pérdida de alrededor de 260.000 empleos registrados desde fines de 2023, un incremento del trabajo informal y un aumento de la morosidad en los créditos familiares. Según los datos difundidos por la Provincia, cuatro de cada diez personas menores de 35 años presentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras, mientras el consumo continúa mostrando signos de retracción en sectores como supermercados, lácteos, construcción e industria.
Obras paralizadas y financiamiento internacional en espera
El eje central del reclamo apunta a la falta de avales que exige el Gobierno nacional para habilitar créditos otorgados por organismos internacionales.
Desde la administración bonaerense sostienen que varios proyectos ya cuentan con financiamiento aprobado, pero permanecen detenidos porque el Ministerio de Economía todavía no autorizó las operaciones.
Entre las obras alcanzadas figura una nueva planta depuradora para La Plata, Berisso y Ensenada, considerada clave para resolver el déficit histórico en el tratamiento de líquidos cloacales de la región. Actualmente, gran parte de los efluentes domiciliarios continúa siendo descargada al Río de la Plata sin tratamiento suficiente debido a la limitada capacidad operativa de la infraestructura existente.
También permanecen pendientes la construcción de una nueva planta potabilizadora para la capital bonaerense, un acueducto financiado por un fondo de Kuwait, el túnel aliviador del arroyo Las Piedras para reducir inundaciones en el sur del conurbano, intervenciones sobre las rutas provinciales 6 y 11 y la continuidad de la cuarta etapa del dragado del Río Salado, financiada por el Banco Europeo de Inversiones.
La controversia se profundiza porque, según datos difundidos por la Provincia, el Ministerio de Economía ya autorizó avales para 18 proyectos impulsados por otras jurisdicciones, financiados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), Fonplata y el Fondo Saudita para el Desarrollo, entre otros.
Esos programas permitieron avanzar con obras de infraestructura, educación, agua potable y desarrollo productivo en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, Salta, Neuquén, Entre Ríos, Misiones, Río Negro y Chaco.
Desde La Plata interpretan esa diferencia como un criterio político en la distribución de las autorizaciones.
“Es una decisión política de desfinanciar a la Provincia”, sostuvo Bianco, quien vinculó la situación con la eliminación de transferencias nacionales y la paralización de obras públicas ejecutadas con fondos federales.
En paralelo, la discusión se trasladó también al transporte y la seguridad vial. El ministro bonaerense Martín Marinucci cuestionó los cambios impulsados por Nación sobre la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y expresó preocupación por la decisión de congelar la actualización de la Tarifa Social del transporte público, una medida que —según la Provincia— reducirá progresivamente el alcance del descuento que reciben millones de usuarios del sistema SUBE en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
