La Libertad Avanza intensificó las negociaciones con los bloques dialoguistas para concretar una sesión en el Senado entre el 15 y el 16 de julio, con el objetivo de avanzar en una agenda legislativa que incluye la reforma sobre propiedad privada, la denominada Ley Hojarasca, la aprobación de una treintena de pliegos judiciales y el inicio de las definiciones políticas sobre la reforma electoral que impulsa el Gobierno de Javier Milei. La convocatoria se produce luego de nuevas diferencias internas entre la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fijó la reunión de Labor Parlamentaria para el próximo miércoles al mediodía, postergando el intento del oficialismo de abrir antes el recinto.
El cronograma volvió a dejar expuestas las tensiones entre ambas dirigentes. Bullrich pretendía sesionar esta misma semana para mostrar una Cámara alta en funcionamiento y acelerar el tratamiento de las iniciativas consideradas prioritarias por la Casa Rosada. Sin embargo, la decisión de Villarruel obligó al oficialismo a recalcular los tiempos y continuar las conversaciones con los bloques opositores para garantizar el quórum.
Propiedad privada, Ley Hojarasca y pliegos judiciales, en el centro de la agenda
El principal proyecto que llegará al recinto será la reforma sobre propiedad privada, aunque el texto sufrió importantes modificaciones respecto de la propuesta original diseñada por el Gobierno.
La versión más reciente mantiene la prohibición para que empresas con capital estatal extranjero adquieran tierras rurales y conserva la obligación de obtener autorización de las provincias, del Poder Ejecutivo y del Congreso para operaciones sobre zonas fronterizas. También introduce cambios en las normas sobre desalojos, expropiaciones y manejo del fuego.
Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la incorporación del denominado “desalojo exprés”, que establece un plazo de apenas tres días para que quienes ocupen ilegalmente un inmueble abandonen la propiedad. En cambio, cuando se trate de un conflicto entre propietario e inquilino por falta de pago, el plazo previsto será de diez días hábiles.
Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, el proyecto mantiene la prohibición de modificar durante 60 años el destino de los bosques nativos afectados por incendios, aunque habilita nuevos usos para determinadas tierras rurales.
En la misma sesión, el oficialismo buscará convertir en ley la denominada Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar cerca de 70 normas consideradas obsoletas o sin aplicación práctica debido a los avances tecnológicos y los cambios institucionales.
Entre ellas figura una ley sancionada durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse que obligaba a informar previamente la realización de reuniones públicas en lugares cerrados y autorizaba el ingreso policial. Desde el oficialismo sostienen que “representa una violación flagrante de la libertad personal”. También se propone eliminar otra norma de 1975 que exigía a radios y canales de televisión dedicar al menos una hora diaria a contenidos vinculados al turismo nacional.
La agenda también contempla la aprobación de aproximadamente treinta pliegos judiciales. Entre ellos sobresale la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino y la designación de Juan Rodríguez Ponte como juez federal de Lomas de Zamora, un juzgado que concentra causas de alto impacto político.
La eliminación de las PASO y las listas colectoras, la negociación más compleja
Aunque buena parte de la agenda legislativa ya reúne consensos parciales, la verdadera batalla política pasa por la reforma electoral.
El Gobierno considera indispensable avanzar este año con la eliminación de las PASO, ya que una modificación de ese tipo debería sancionarse antes del inicio del calendario electoral de 2027.
Consciente de la resistencia que mantienen la UCR y sectores del PRO, la Casa Rosada comenzó a explorar alternativas para destrabar la negociación. La principal consiste en rehabilitar las denominadas listas colectoras para la elección presidencial del próximo año.
La propuesta permitiría que radicales, dirigentes del PRO y fuerzas provinciales acompañen la candidatura presidencial de Javier Milei mientras presentan listas propias de diputados nacionales, evitando depender de la distribución de lugares dentro de las listas libertarias. El esquema, sin embargo, no alcanzaría a la elección de senadores.
La iniciativa busca seducir especialmente al radicalismo, fuerza que cuenta con un bloque determinante en la Cámara alta para alcanzar las mayorías necesarias. Sin embargo, las señales que llegan desde ese espacio siguen siendo de cautela. Mientras algunos gobernadores mantienen diálogo permanente con la Casa Rosada, varios legisladores sostienen reparos sobre la eliminación total de las primarias. De hecho, dentro de la UCR ya circulan proyectos alternativos que proponen convertir las PASO en optativas, pero no eliminarlas.
En paralelo, el PRO expresó su disposición a acompañar parte de la agenda legislativa oficialista, aunque evitó pronunciarse de manera categórica sobre la supresión de las primarias.
