“Somos cautivos de IOMA. No podemos salirnos.” Lo dijo MG, docente de Tandil, después de recorrer cada centro de salud de su ciudad buscando quien operara a su hijo de 16 años. Terminó pidiendo un préstamo bancario para pagar la cirugía y la prótesis de su bolsillo. El estado la mandó directo al banco.
Al trabajador estatal bonaerense, llámese docente, administrativo provincial o municipal, o policía; nadie le pregunta qué obra social quiere. El aporte es obligatorio, se descuenta religiosamente del sueldo todos los meses. El kirchnerismo edificó durante años su identidad política sobre una premisa: el Estado cuida, el Estado protege. Sin embargo, son precisamente los propios trabajadores provinciales de Buenos Aires los que están más desprotegidos.
Es cierto que el costo de la salud subió un 285% entre 2023 y 2024 según el INDEC, pero esto no explica años de deudas con prestadores ni una centralización que trata a los seres humanos como expedientes.
¿Es una herramienta sanitaria o una caja política? En noviembre de 2025 la Justicia empezó a responder con la presentación de una denuncia penal en el Juzgado Federal N°1 de La Plata contra Kicillof y el presidente del IOMA Homero Giles por administración fraudulenta y malversación. La acusación es contundente: el IOMA fue “capturado políticamente”. Dos millones de bonaerenses ya lo sabían.
Esta parálisis provocó un fenómeno inédito: municipios como Bahía Blanca, Capitán Sarmiento y San Nicolás ya se desafiliaron. El día a día del que se queda es un calvario silencioso con médicos que cortan convenios, copagos exorbitantes, burocracia colisionando contra el tiempo biológico de la enfermedad. En la provincia de Buenos Aires, la calidad de tu salud depende del código postal en el que vivas.
El problema no es el Estado; es la ineficiencia convertida en política sanitaria. La verdadera soberanía no es obligar a dos millones de personas a quedarse en un sistema que no funciona, es darles la libertad de elegir quién las atiende.
En la provincia de Buenos Aires, esa condena tiene nombre, tiene gestión y tiene responsables que cada cuatro años piden el voto de los mismos a los que abandonaron en la sala de espera.
