Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles de madrugada la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza, tras una extensa sesión que comenzó con el quórum mínimo de 129 legisladores y estuvo marcada por fuertes cruces políticos, cuestionamientos ambientales y respaldo de aliados como el PRO y la UCR.
Un debate tenso con final previsible
La sesión avanzó con mayor tranquilidad de la esperada para el oficialismo, que logró sostener el número desde el inicio y evitó sobresaltos durante el debate. De hecho, varios diputados libertarios desistieron de hablar en el recinto al considerar que el resultado ya estaba asegurado.
“Están los votos, que se queden con los discursos”, reconoció un legislador oficialista, reflejando el clima previo a la votación.
El respaldo clave llegó de bloques aliados como PRO, UCR, Innovación Federal y sectores provinciales, que permitieron alcanzar una mayoría holgada. Incluso, el oficialismo sumó apoyos puntuales de sectores opositores.
Durante el debate, el diputado José Peluc defendió el proyecto y cuestionó a la oposición: “Ustedes leen hasta donde quieren y entienden hasta donde quieren”. En la misma línea, Nicolás Mayoraz sostuvo que la iniciativa demuestra que “la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”.
Críticas de la oposición y foco en el impacto ambiental
Del otro lado, la oposición cuestionó con dureza la reforma y advirtió sobre sus posibles consecuencias. El diputado Maximiliano Ferraro calificó la iniciativa como “totalmente regresiva e inconstitucional”, mientras que Miguel Ángel Pichetto remarcó: “No existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”.
Las críticas también apuntaron a la posible pérdida de control nacional sobre los recursos. En ese sentido, desde Unión por la Patria alertaron sobre una delegación excesiva de facultades a las provincias y el debilitamiento de organismos técnicos como el IANIGLA.
Uno de los discursos más duros fue el de Juan Grabois, quien afirmó: “Esta es una ley envenenada. Van a envenenar el agua”.
A su vez, Máximo Kirchner planteó un eje más amplio al señalar: “Una cosa es que vengan a invertir y otra es que el Congreso les dé patente de corso”, en referencia a las condiciones para la explotación de recursos.
Qué cambia con la nueva ley
La reforma redefine los alcances de protección de los glaciares y zonas periglaciares, introduciendo modificaciones clave:
- Se focaliza la protección en aquellas áreas con función hídrica comprobada.
- Se otorga mayor poder a las provincias para determinar qué zonas quedan protegidas.
- Se habilita una mayor flexibilidad para proyectos productivos, especialmente vinculados a la minería.
- Se mantiene la exigencia de estudios de impacto ambiental, aunque con criterios descentralizados.
Desde el oficialismo sostienen que la norma busca “armonizar desarrollo y ambiente”, mientras que sus detractores advierten que podría abrir la puerta a actividades en zonas sensibles.
