Hay aumentos que llegan con cartel luminoso. Y hay otros que aparecen por la puerta de atrás. La suba de la tasa municipal de Seguridad e Higiene en algunos municipios bonaerenses empieza a convertirse en uno de esos casos silenciosos que, tarde o temprano, terminan impactando en el bolsillo de miles de familias.
El caso testigo es Pilar, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que duplica la tasa de Seguridad e Higiene y agrega un cargo mensual por empleado, algo que también alcanza a los colegios privados porque están encuadrados como pymes.
El problema es que una escuela no funciona como una pyme común. Mientras un comercio puede tener cuatro o cinco empleados, un colegio promedio suele tener entre 60 y 120 trabajadores entre docentes, auxiliares y personal administrativo.
Eso hace que el impacto sea inmediato: según estimaciones del sector educativo, una escuela mediana podría pasar a pagar entre $1,5 y $2 millones mensuales en tasas municipales, más de $20 millones al año.
Y ahí aparece la pregunta inevitable: ¿quién termina pagando esa cuenta?
La respuesta, en la práctica, suele ser siempre la misma: las familias.
Pero en el sistema educativo privado bonaerense hay un detalle clave. No todos los colegios pueden trasladar el aumento automáticamente a la cuota.
Los establecimientos sin subsidio estatal tienen mayor libertad para ajustar aranceles cuando suben sus costos.
En cambio, los colegios privados con aporte estatal —que representan cerca del 70% del sistema— necesitan autorización del gobierno provincial para modificar sus cuotas.
Es decir: si los costos suben por impuestos municipales, salarios o servicios, pero las cuotas no se autorizan a tiempo, la ecuación se rompe.
Y cuando eso pasa, las escuelas quedan atrapadas en una situación cada vez más frecuente: endeudarse para pagar sueldos, recortar gastos o, en el peor de los casos, cerrar.
Mientras tanto, para los padres la discusión suele aparecer tarde. Cuando llega la notificación del aumento de la cuota, la sensación es que todo sube sin explicación.
Pero muchas veces el problema empezó mucho antes: en una ordenanza municipal, en una tasa que sube en silencio, o en un impuesto que nunca parece tener destinatario claro.
La paradoja es que una tasa pensada para financiar servicios municipales termina impactando en algo mucho más sensible: la posibilidad de una familia de sostener la educación de sus hijos.
