La política bonaerense se parece cada vez más a un viejo café de barrio: todos se conocen, todos discuten lo mismo y nadie se levanta de la mesa sin antes intentar llevarse algo en el bolsillo. El Presupuesto, el endeudamiento y la ley fiscal cerraron el telón de 2025, pero dejaron encendida una luz incómoda para 2026: la reelección indefinida de los intendentes.
Axel Kicillof lo sabe y por eso volvió a poner el tema sobre la mesa con la sutileza de quien deja una carta boca arriba y finge sorpresa. No es un capricho ni una improvisación de verano. Fue un mensaje. En la última conferencia de prensa, su ministro de Gobierno blanqueó lo que el kicillofismo venía rumiando en voz baja: insistir con una reforma política integral que incluya la posibilidad de que los jefes comunales vuelvan a competir sin límite.
Son 82 los intendentes que hoy no podrían presentarse en 2027 si la norma no cambia. Dieciocho gobiernan en el Gran Buenos Aires. Algunos ya encontraron el atajo: licencias quirúrgicas, calendarios ajustados y el viejo arte de no completar el mandato para seguir en carrera. Otros esperan que la Legislatura haga el trabajo fino.
El peronismo concentra todas las miradas. Tiene quórum propio en el Senado y una fuerza determinante en Diputados, pero está lejos de mostrar unidad. La Cámpora y los intendentes caminan en paralelo, a veces mirándose de reojo, otras directamente chocando. Los 53 jefes comunales del PJ no están solos: radicales, libertarios, macristas y vecinalistas también juegan, porque todos tienen algo para ganar o perder.
La reelección de intendentes no es una isla. Comparte archipiélago con la Boleta Única de Papel, el futuro de las PASO y las vacantes en la Suprema Corte bonaerense. Un menú completo donde cada bloque pide el plato que más le gusta y amenaza con levantarse si no lo sirven. El año par, sin elecciones provinciales, abre la ventana ideal para discutir reglas sin la presión de las urnas, como reclamó el juez Alejo Ramos Padilla. Nadie quiere admitirlo, pero todos saben que cambiar las normas en pleno partido siempre huele mal.
Kicillof, que no puede reelegir, mira este tablero con una calma que esconde cálculo. Sabe que el poder territorial es la base de cualquier sueño futuro y que congraciarse con los intendentes leales es una inversión a largo plazo. Ese dato, que parece menor, explica mucho. Gobernar sin la zanahoria de un nuevo mandato obliga a construir lealtades de otro modo. Congraciarse con intendentes propios es una inversión a futuro, sobre todo si el gobernador empieza a imaginar un camino nacional en 2027.
La interna peronista, sin embargo, no da tregua. La Cámpora y los jefes comunales se toleran más de lo que se escuchan. El PJ bonaerense, con elección de autoridades en marzo, es otro campo minado donde cada paso puede detonar una factura vieja. El Frente Renovador de Sergio Massa no quiere saber nada con tocar la ley.
El macrismo y los libertarios mantienen su rechazo. Parte del radicalismo tampoco acompaña. Y La Cámpora juega su propio ajedrez, con proyectos que rompen límites para legisladores pero dejan afuera a los intendentes, como si la lapicera se detuviera justo antes del territorio.
La pelea por la presidencia del PJ bonaerense, con fecha en marzo, agrega pimienta. Verónica Magario ya avisó que va por el partido, desafiando a Máximo Kirchner. En ese clima, cada voto vale oro y cada promesa tiene fecha de vencimiento.
La provincia de Buenos Aires entra así en un 2026 que promete ser menos técnico y más político. Reelecciones, boletas, jueces y poder real. Todo mezclado en una negociación donde nadie confía en nadie. Como en ese café de barrio, la discusión seguirá, y el mozo traerá otra ronda.
Mientras tanto, el mundo se mete por la ventana. Porque la política local nunca vive aislada del ruido global. Y en ese ruido aparece Venezuela, con la caída de la dictadura de Nicolás Maduro, como un deseo compartido por millones dentro y fuera de ese país. Había —y hay— que terminar con un régimen dictatorial y con una banda criminal que vació instituciones, derechos y futuro. Pero una cosa es desear el final de una dictadura y otra muy distinta es aplaudir cualquier método.
El ataque de Estados Unidos en Venezuela es ilegal e imprudente. El belicismo de Donald Trump viola la ley internacional y confirma una vieja tentación imperial: creer que derrocar regímenes a los bombazos ordena el mundo. La historia demuestra lo contrario. Intentar imponer un cambio de poder por la fuerza puede empeorar las cosas, arrastrando a la región a un escenario de inestabilidad que nadie controla. (En época de vacaciones, si te gustan las series mira Homeland).
¿Qué dirán aquellos que defienden su accionar, si tal como sugirió en su conferencia de prensa no reconoce la legitimidad de las elecciones en donde fueron legítimos ganadores Edmundo Gutiérrez y María Corina Machado? “Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país”, dijo. “Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder”, añadió el mandatario estadounidense. ¿Por qué afirmó que Marco Rubio habló con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que además es la presidenta de PDVSA y controla el petróleo de Venezuela? ¿Si Maduro aceptaba irse a través del salvoconducto que le ofreció, lo iba a meter preso?
Entre los efectos posibles de esta escalada aparecen fantasmas conocidos. Un repunte de la violencia del ELN, el grupo guerrillero colombiano con presencia en el occidente venezolano, y un fortalecimiento de los “colectivos”, esas milicias parapoliciales que crecieron a la sombra del poder y que saben moverse mejor en el caos. Varios países, ya cerraron sus fronteras para los venezolanos. La política, sea donde fuere, debería recordar algo elemental: cuando se juega con fuego, casi nunca se queman sólo los culpables.
