La reciente entrada en vigencia de la Ley Nº 9.682 en la provincia de Mendoza, que prevé multas para padres y tutores de niños y adolescentes que cometan bullying escolar si no adoptan “medidas para prevenirlo o repararlo”, vuelve a poner sobre la mesa un debate urgente y complejo sobre cómo abordamos la violencia entre pares y el rol de la familia y del Estado en su prevención y contención.
Según la nueva norma, tras una primera intervención educativa institucional y la notificación formal a las familias por parte de la escuela, aquellos adultos responsables que no “cumplan con su deber de orientación, vigilancia o cuidado” podrán enfrentar multas que pueden llegar hasta 1,5 millones de pesos o tareas comunitarias de hasta 30 días.
A primera vista, la iniciativa puede leerse como un intento decidido por empujar a las familias a actuar frente a un problema social real y doloroso. Sin embargo, mirada desde la relación y, más aún, desde el vínculo, esta intervención punitiva revela limitaciones y riesgos importantes.
¿Por qué sancionar no alcanza?
Primero, porque el fenómeno del bullying no es un problema individual ni aislado, sino un fenómeno relacional y social. Los comportamientos agresivos entre pares se desarrollan en contextos escolares y comunitarios que no se transforman automáticamente por el monto de una multa o la amenaza de una sanción. Insistir en la multa económica o contravencional de los padres sin ofrecer apoyos concretos previos, corre el riesgo de culpabilizar a las familias sin atender las causas profundas de los conflictos y la violencia entre niños y adolescentes.
Además, aún cuando la norma contempla una instancia previa de actuación de la escuela y de equipos interdisciplinarios, la lógica punitiva tiende a saltar etapas fundamentales de contención y educación emocional. La respuesta sancionatoria —que puede sentirse como una amenaza— puede generar un natural resentimiento más que un proceso genuino de aprendizaje, tanto en los adultos como en los propios jóvenes involucrados.
Y aquí hay un punto crucial: la convivencia escolar y la responsabilidad parental no son sinónimos de control absoluto ni de vigilancia autoritaria. Educar, supervisar, orientar y acompañar son acciones que requieren conocimientos, herramientas y espacios de reflexión, no solamente la posibilidad de aplicar castigos. Cuando no invertimos recursos en formación, asesoramiento y acompañamiento real, aceptamos que los padres y madres actúen “como puedan” —y después los sancionamos por no haber podido hacerlo mejor.
Una falla previa: no construimos capacidades y castigamos la ausencia de resultados
La sanción es siempre el último recurso, no la primera herramienta. Las investigaciones en desarrollo infantil y en educación socioemocional muestran que:
- Los comportamientos agresivos se reducen más con programas educativos estructurados que con medidas punitivas.
- El fortalecimiento del vínculo entre las familias y las escuelas, basado en diálogo, escucha activa y cooperación, reduce la recurrencia de prácticas violentas entre pares.
- La intervención temprana en habilidades parentales (comunicación, regulación emocional, establecimiento de límites saludables) no solo beneficia a los hijos, sino también a la calidad de la convivencia familiar y escolar.
- No hay evidencia seria de casos de éxito internacionales, sin embrago existen casos donde trabajando habilidades sociales en la currícula escolar se obtuvieron significativos avances, ejemplo Dinamarca.
Estas conclusiones no son extensiones ideológicas: son resultados consistentes de décadas de investigación en psicología y educación familiar.
¿Qué debería priorizar el Estado? Prevención, formación y acompañamiento
Si el objetivo real de una política pública es prevenir los casos de bullying más que sancionarlos, entonces la inversión debe orientarse a fortalecer a las familias antes de que se produzca la crisis. Esto incluye:
- Talleres gratuitos de formación para madres, padres y adultos a cargo, sobre desarrollo infantil, comunicación asertiva y gestión de conflictos en la adolescencia.
- Programas escolares colaborativos que involucren a docentes, familias y estudiantes en la construcción de una cultura de respeto y cuidado mutuo.
- Equipos de apoyo psicosocial accesibles para las familias, no solo cuando ya hay un problema, sino como parte de un acompañamiento continuo.
- Recursos económicos destinados a la prevención y no principalmente a la recaudación contravencional.
El Consejo de Derechos del Niño y la evidencia internacional sostienen que la corresponsabilidad entre familia, escuela y Estado funciona mejor cuando se construyen capacidades y se acompaña el desarrollo de los vínculos, no cuando se recurre primero a la amenaza punitiva.
Invertir antes de castigar
Llegar tarde —cuando el problema ya escaló— no solo es menos efectivo, sino también injusto. Cuando las políticas públicas priorizan la sanción sobre la prevención, están admitiendo implícitamente que no tienen respuestas para lo que verdaderamente importa: crear entornos que sostengan, eduquen y acompañen a los niños, adolescentes y sus familias.
La sanción puede tener un efecto inmediato de orden, pero no transforma vínculos, ni enseña empatía, ni promueve el desarrollo emocional saludable. En cambio, un Estado que invierte en formación, acompañamiento y prevención está creando las condiciones para que esos vínculos se fortalezcan y que las futuras generaciones crezcan con menos violencia y más capacidad de relacionarse de forma respetuosa y constructiva.
Porque la prevención no solo es más humana: es más efectiva.
