Comenzó este lunes el paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), una medida de fuerza que afecta el inicio de clases tras el receso invernal en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, además de otras jurisdicciones del país. Mientras los gremios reclaman la convocatoria a la paritaria nacional, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un mayor financiamiento para la educación pública, el Gobierno nacional confirmó que realizará inspecciones para verificar que las escuelas mantengan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la Ley 27.802, que declaró a la educación como servicio esencial.
La protesta tiene alcance nacional y, en algunas provincias, determinados sindicatos decidieron extender el cese de actividades también al martes 4 de agosto.
El Gobierno fiscaliza el paro y advierte con sanciones
Durante la víspera de la huelga, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, ratificó que controlará el cumplimiento de la normativa vigente.
Tras una reunión del Consejo Federal de Educación, la cartera nacional informó que “se ratificó el compromiso con la cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio educativo, conforme lo dispone la normativa vigente”.
Además, precisó que el Poder Ejecutivo supervisará el cumplimiento de la ley por tratarse de una medida de alcance nacional.
En ese sentido, el Gobierno explicó que el objetivo es “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”.
Las autoridades nacionales también confirmaron que realizarán inspecciones muestrales en establecimientos educativos de todo el país.
El comunicado oficial advirtió que “en caso de verificarse el incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”.
Según trascendió desde la Casa Rosada, si durante la fiscalización se detectan escuelas donde no se garantice la prestación mínima exigida por la ley, el Estado iniciará los procedimientos administrativos correspondientes contra las entidades gremiales involucradas.
La medida se apoya en la reforma laboral aprobada este año, que incorporó a la educación inicial, primaria, secundaria y especial dentro de los servicios considerados esenciales, estableciendo una cobertura mínima obligatoria del 75% durante conflictos sindicales.
Los gremios ratifican la protesta y denuncian el deterioro salarial
Desde CTERA sostuvieron que el paro responde a la negativa del Gobierno de convocar a la Paritaria Nacional Docente y denunciaron un fuerte deterioro del financiamiento educativo.
El sindicato aseguró que “los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación”, además de rechazar eventuales reformas previsionales y reclamar una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
La medida también cuenta con la adhesión de sindicatos provinciales como SUTEBA, FEB, UDOCBA y AMET en Buenos Aires, además de gremios universitarios y sectores del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), según la modalidad de adhesión que adopte cada institución.
En territorio bonaerense, sectores opositores dentro de SUTEBA anunciaron protestas de hasta 48 horas, por lo que el conflicto podría extenderse hasta el martes.
Desde la agrupación Multicolor señalaron que “los docentes de todo el país paramos y nos movilizamos para enfrentar y derrotar la ofensiva antieducativa del gobierno de Javier Milei y el ajuste de todos los gobernadores”.
Según esa corriente sindical, la inversión nacional en educación cayó cerca del 50% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras que la inversión en infraestructura educativa se redujo un 58,5%, afectando programas de inclusión, alfabetización, becas y mantenimiento escolar.
La jornada de protesta coincide además con el paro nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró en sus redes sociales que “con un alto acatamiento en todo el país comenzó el paro de ATE” y advirtió: “El apagón en el Estado lo vamos a hacer los trabajadores si el Gobierno continúa sin responder a nuestras justas demandas”.
El dirigente sostuvo que la conflictividad continuará creciendo y denunció una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos.
“La paritaria estatal se convirtió en una estafa mediante la cual se apoderaron en tan solo dos años y medio de más de la mitad de nuestro salario”, afirmó.
