El oficialismo consiguió avanzar con uno de los proyectos centrales de la gestión de Javier Milei: la Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2026 y al proyecto de Inocencia Fiscal, tras una sesión extensa y cargada de negociaciones. Sin embargo, el resultado dejó un sabor agridulce para el Gobierno, que no logró su objetivo de derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.
La votación se destrabó de madrugada y marcó un hito político: sería el primer presupuesto aprobado durante la administración libertaria, luego de dos años de prórrogas. Aun así, el rechazo de un capítulo clave expuso fisuras en los acuerdos parlamentarios y anticipa un debate complejo en el Senado.
Un apoyo ajustado y alianzas determinantes
Para aprobar el proyecto en general, La Libertad Avanza necesitó el respaldo del PRO, sectores de la UCR, bloques provinciales y legisladores alineados con gobernadores dialoguistas. Ese entramado permitió alcanzar los votos necesarios, mientras Unión por la Patria, la izquierda y otros espacios opositores rechazaron el texto.
El Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un dólar que rondaría los $1.423 hacia fines del próximo año. Además, el Gobierno proyecta superávit primario y financiero, un aumento de las exportaciones y la eliminación de metas mínimas de financiamiento en áreas sensibles como educación, ciencia y defensa. Desde la oposición cuestionaron la viabilidad de esas estimaciones y advirtieron que los números no reflejan la situación económica actual.
El artículo 75, el punto de quiebre
El mayor conflicto se concentró en el artículo 75, que proponía derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. El oficialismo impulsó una votación por capítulos para evitar que sus aliados se desmarcaran, pero la estrategia no funcionó: al llegar el momento decisivo, varios diputados que habían acompañado el proyecto en general votaron en contra.
El resultado fue contundente. El capítulo completo fue rechazado, lo que dejó sin efecto no sólo la derogación de esas leyes, sino también otras disposiciones que el Gobierno había sumado a último momento, como la inclusión de la coparticipación adeudada a la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo presupuestario para el Poder Judicial.
