La Corte Suprema de Justicia resolvió ayer, un conflicto de competencia entre un juzgado comercial y el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), y dio luz verde para que avance la subasta de bienes de Austral Construcciones SA, la empresa de Lázaro Báez declarada en quiebra.
La decisión se tomó luego de que el TOF 5 —que lleva adelante la causa Hotesur–Los Sauces, donde están procesados la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner— pidiera al juzgado comercial que se abstuviera de vender activos de la constructora, argumentando que podrían ser decomisados en caso de una condena.
El conflicto entre tribunales
El juez comercial subrogante rechazó el pedido del TOF por improcedente y defendió que los bienes de Báez están alcanzados por la ley de Concursos y Quiebras, que garantiza los derechos de los acreedores. El TOF insistió en base a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pero el magistrado advirtió que el Código Penal protege también los derechos de terceros ajenos a los procesos penales.
El caso llegó a la Corte con la opinión del procurador general Eduardo Casal, quien respaldó la postura del fuero comercial. Casal sostuvo que no existe en la normativa internacional una prioridad de la justicia penal por sobre los derechos crediticios, y recordó antecedentes como las causas de la financiera CBI y la estafa de Hope Funds.
El fallo de la Corte
Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la Corte Suprema se alineó con el dictamen de la Procuración y autorizó que continúen las subastas. “También los acreedores ejercen en el marco del proceso concursal derechos a la tutela judicial y a la propiedad, con igual protección constitucional”, había señalado Casal en su dictamen.
Contexto judicial
Austral Construcciones, nave insignia del grupo Báez para ejecutar obras públicas en Santa Cruz, fue declarada en quiebra en 2018. Desde 2023, sus bienes comenzaron a ser rematados para cubrir deudas con la AFIP y el Banco Nación, además de honorarios judiciales.
En paralelo, el proceso penal de Hotesur–Los Sauces continúa en manos del TOF 5. Allí se investigan presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de dinero mediante contratos de alquiler simulados entre las empresas de Báez y sociedades de la familia Kirchner.
Ese juicio aún no tiene fecha de inicio, luego de que la Cámara de Casación revocara en 2023 los sobreseimientos dictados en 2021, dejando como única eximida a Florencia Kirchner.
Con este fallo, la Corte resolvió un nuevo capítulo de la extensa trama judicial que involucra al empresario santacruceño y a la familia de la exmandataria.
