Hay debates que parecen laborales, pero en realidad hablan de algo mucho más profundo: la calidad de nuestra democracia. La discusión sobre el Estatuto del Periodista Profesional es uno de ellos.
La ley nació en 1946 ( no es un detalle menor). Era otra Argentina y también otro mundo. Las grandes redacciones de diarios marcaban la agenda pública, la radio era el gran escenario de la palabra y el vínculo entre el poder político y la prensa empezaba a adquirir una dimensión decisiva. En ese contexto se pensó un estatuto que protegiera al periodista frente a presiones, abusos empresariales y, sobre todo, frente a los intentos del poder de adoctrinar la información.
Con el tiempo, esa norma se convirtió en una referencia para nuestro oficio. Quizás no perfecta, pero sí significativa y de amparo.
Ahora bien, tampoco podemos hacernos los distraídos: el periodismo de hoy no se parece en nada al de 1946. Cambiaron las plataformas, los formatos, las redacciones y las formas de trabajar. Hoy los periodistas podemos estar al aire en una radio, publicar en un portal, hacer streaming y comunicar en redes todo en el mismo día. El ecosistema informativo es otro.
Por eso sostengo que discutir la actualización del estatuto es razonable.
Lo que no sería razonable es suponer que el periodismo es simplemente un trabajo más dentro de la estructura laboral de un país.
Como periodista, y como defensora profunda de la libertad de expresión, creo en algo que forma parte de la tradición republicana: el periodismo no pertenece al Estado, ni al gobierno de turno, pero tampoco es una actividad indiferente al sistema democrático. Investiga, pregunta, incomoda, controla. Es por eso históricamente se lo llamó el cuarto poder.
En más de una oportunidad el colega y reconocido Nelson Castro recordó que la libertad de prensa no es una consigna romántica sino una responsabilidad institucional. Y adhiero a cada palabra.
La libertad de expresión necesita periodistas que puedan ejercerla con independencia real.
Y la independencia también se sostiene con condiciones de trabajo
Por otro lado entiendo la lógica de modernización que impulsa el gobierno de Javier Milei en muchos ámbitos. Argentina necesita discutir regulaciones viejas, estructuras rígidas y normas pensadas para otro país. Ese debate es sano y, en muchos casos, necesario.
Pero modernizar no debería significar borrar la especificidad del periodismo.
Un país verdaderamente liberal no debilita a la prensa. La fortalece. No la encierra en privilegios corporativos, pero tampoco la deja librada a la pura lógica del mercado cuando su tarea impacta directamente en la calidad institucional.
Por eso el desafío no es elegir entre un estatuto viejo o ningún estatuto.
El desafío es animarse a construir uno nuevo.
Un estatuto que entienda cómo funciona el periodismo hoy.
Que contemple las nuevas plataformas.
Que no ahogue la libertad de trabajar en distintos formatos.
Pero que al mismo tiempo proteja la independencia de quienes tienen la responsabilidad de preguntar cuando nadie quiere responder.
Porque cuando al periodismo se lo debilita, el poder gana silencio alrededor.
Y las democracias no se enferman de golpe.
Se van quedando sin preguntas.
Si de verdad, queremos mirar al futuro, la discusión no sería como eliminar al periodismo de las reglas especiales, sino como darle un marco moderno que cuide lo más valioso que tiene una república: una prensa libre, que incomode y capaz de decir lo que otros prefieren callar.
