Mientras la corrupción siga siendo juzgada según quién esté en el poder, dejará de ser un límite ético para convertirse en una herramienta política. La discusión deja de ser solo institucional para convertirse en, sobre todo, cultural.
En Argentina, la corrupción rara vez se juzga por lo que es: se juzga por quién la comete. Lo que en un gobierno se denuncia como escándalo, en otro se minimiza como detalle. En ese doble estándar, se pierde credibilidad y, aun peor, se pierde la idea misma de justicia.
Argentina no tiene solamente un problema de corrupción. Tiene, además, un problema más profundo: la vara con la que decide medirla. Si algo hemos naturalizado con los años es solo la existencia de prácticas corruptas, además de la capacidad de justificarlas, relativizarlas o amplificarlas dependiendo de quién esté en el poder. La corrupción pasa a ser, entonces, una herramienta de disputa política; y el problema deja de ser coyuntural y se vuelve estructural.
La gravedad de la corrupción no es una opinión, es un consenso fundacional. La reforma constitucional de 1994 lo dejó expresado con claridad en su artículo 36: se trata de un delito que atenta contra el propio sistema democrático. No es solo robar, es erosionar las reglas que sostienen la convivencia.
La corrupción, además, tiene consecuencias concretas. Distintos organismos internacionales han estimado que la ineficiencia del gasto público, vinculada a prácticas corruptas en la Argentina, ha llegado a representar varios puntos del PBI —en algunos momentos por encima del 7%—. Son recursos que deberían traducirse en infraestructura, servicios públicos y oportunidades, pero que terminan desviándose en circuitos de privilegio.
Como siempre, el costo no lo pagan quienes se benefician del sistema, sino quienes dependen de que funcione. Así, se consolidan estructuras donde el Estado deja de ser un instrumento de desarrollo para convertirse en un botín: funcionarios de turno, amigos del poder y redes enquistadas que operan con lógica propia. Se convierte en un sistema.
En ese contexto, la pregunta incómoda no es si necesitamos más controles, sino por qué tuvimos que llegar al punto de necesitarlos. ¿Por qué una sociedad que presume de valores republicanos necesitó una ley de “ficha limpia”? ¿Por qué hizo falta escribir en una norma lo que debería ser un punto de partida?
Como ciudadana y votante tengo que suponer ante esto qué es, porque en algún momento dejamos de exigir que quien aspire a un cargo público sea, ante todo, una persona honorable. Hemos naturalizado discutir grados de corrupción en lugar de rechazarla como condición de origen.
Tal vez parte de esa degradación tenga que ver con una confusión persistente: la de moral y ética. La moral es individual, cambiante, muchas veces funcional a las propias conveniencias; la ética, en cambio, es el conjunto de principios que una sociedad decide no negociar.
Cuando la corrupción se juzga con criterios morales —según quién la comete— deja de haber reglas comunes. Sin reglas comunes no hay sistema que resista.
El problema no es la corrupción: es la vara con la que decidimos tolerarla.
El verdadero desafío no es determinar quién fue más corrupto que quién. Esa discusión, aunque necesaria, es insuficiente. El desafío es otro: qué pasa cuando quienes llegan con la promesa de cambiar las reglas terminan adaptándose a ellas. Al final, en la Argentina, el verdadero problema nunca fue solamente la corrupción.
Siempre fue, y sigue siendo, quien la comete.
