La Corte Suprema de Justicia puso en marcha el procedimiento para que el Estado nacional incorpore más de USD 60 millones y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín, en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
La decisión se formalizó mediante un oficio enviado al juez del Tribunal Oral Federal (TOF) 4, Néstor Costabel, por el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero.
Transferencias y ejecución de los decomisos
El máximo tribunal solicitó al TOF 4 que proceda a la transferencia inmediata del dinero incautado —tanto en pesos como en dólares— a dos cuentas judiciales. Allí deberán depositarse también los fondos obtenidos en las subastas de bienes embargados durante la investigación.
La sentencia del TOF emitida en abril de 2021 detalló los montos decomisados:
- USD 54.872.866,69
- USD 5.000.000
- USD 307.994,17
- USD 950.000
Total: USD 61.130.860,86
También se dispuso el decomiso de bienes en pesos por $4.174.697, monto ajustable por inflación según el índice del INDEC.
La resolución ordena mantener los embargos y restricciones hasta que se complete la ejecución total de las penalidades.
Condenas firmes y aval judicial
El proceso se reactivó luego de que la Corte Suprema declarara inadmisibles los recursos presentados por las defensas el 29 de mayo de 2025, dejando firmes:
- Las condenas por lavado de dinero
- Los decomisos aplicados en la causa
En febrero de 2023, la Cámara de Casación ya había respaldado el fallo del TOF 4.
Disputa institucional por la administración de los bienes
La ejecución de los activos había quedado en suspenso por el Decreto 575/2025 del Poder Ejecutivo, que creó el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
La UEJN objetó la medida, denunciando una invasión a competencias judiciales. El conflicto llegó a tribunales y, en octubre, el juez federal Pablo Cayssials dictó una cautelar que frenó la aplicación del decreto.
En ese fallo, el magistrado sostuvo que la norma:
- “altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito”
- afecta la independencia judicial y la autarquía presupuestaria
- implica un cambio estructural que excede los límites de un DNU
Qué sigue ahora
Con la intervención directa de la Corte y los decomisos ya firmes, comenzará un proceso administrativo para inscribir los bienes a nombre del Poder Judicial y ponerlos finalmente a disposición del Estado nacional.
Se trata de uno de los montos más altos recuperados en una causa de corrupción en la historia argentina, en un expediente que tuvo como figura central al empresario cercano al kirchnerismo.
