La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para solicitar la nulidad del fallo que reactivó la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La central también recusó a los jueces intervinientes y, en paralelo, interpuso un recurso de revocatoria para frenar la decisión judicial.
El planteo apunta directamente contra la resolución del 23 de abril que otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado Nacional, lo que dejó sin efecto la medida cautelar que había frenado varios artículos clave de la reforma.
Recusaciones y cuestionamientos a la imparcialidad
Uno de los ejes centrales del escrito, firmado por el abogado Pablo Topet, es la recusación del juez Víctor Arturo Pesino, a quien la CGT acusa de falta de imparcialidad.
Según el documento, el magistrado solicitó continuar en su cargo tras cumplir los 75 años y el Poder Ejecutivo impulsó su prórroga casi en simultáneo con el fallo. Para la central sindical, esto configura un escenario de posible beneficio cruzado entre el juez y el Estado.
En ese sentido, el escrito sostiene que se trata de un “beneficio de importancia” que compromete la independencia judicial. La recusación también alcanza a la jueza María Dora González, a quien se le atribuye haber incurrido en prejuzgamiento.
Además, la CGT cuestionó con dureza el contenido del fallo al señalar una “orfandad de fundamentos” y denunciar “evidentes y manifiestos yerros (…) que violentan gravemente la verdad jurídica objetiva”.
Pedido de nulidad y camino hacia la Corte Suprema
El núcleo del planteo es el pedido de nulidad absoluta de la resolución, basado en la supuesta falta de competencia de la Sala VIII. Según la CGT, la causa debía ser tratada por la Sala I, que ya intervenía en expedientes vinculados.
También advirtió que no se garantizó el derecho de defensa, ya que no se corrió traslado de la presentación del Estado, lo que —según el gremio— vulnera el debido proceso.
En paralelo, la central obrera presentó un recurso de reposición para intentar revertir la decisión y restituir la cautelar que frenaba la reforma. A su vez, dejó planteado el caso federal, anticipando que recurrirá a la Corte Suprema e incluso a organismos internacionales.
