El exasesor del presidente Javier Milei, Fernando Cerimedo, declaró ante la Justicia boliviana por una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos y aseguró que durante 2025 y 2026 llegó a obtener ingresos de hasta US$1 millón por mes, mientras permanece detenido preventivamente en Santa Cruz por la causa que investiga el ataque a balazos contra Nadia Beller. En paralelo, el fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, advirtió a funcionarios que intenten interferir en las pesquisas y anunció tres nuevas órdenes de aprehensión contra ciudadanos extranjeros.
La situación de Cerimedo suma así nuevos capítulos y comienza a adquirir una dimensión que excede la investigación por el ataque contra Beller. En su declaración ante los investigadores en La Paz, el argentino habló de sus actividades empresariales y de sus trabajos como consultor político en distintos países, aunque evitó responder buena parte de las preguntas vinculadas con sus contactos y su relación con autoridades bolivianas.
Según consta en la declaración informativa, Cerimedo se negó a responder más de 150 preguntas formuladas por los investigadores. Su argumento fue que esas consultas no tenían relación directa con la causa por la que estaba detenido.
Entre los interrogantes que rechazó estaban aquellos relacionados con su supuesto acceso al presidente boliviano Rodrigo Paz, su eventual participación en la elaboración de discursos y el asesoramiento que habría brindado al gobierno.
Cerimedo, sin embargo, reconoció que ofreció “consejos de comunicaciones digitales” a Paz y que trabajó como “consultor político”. También sostuvo que desarrolla ese tipo de actividades a través de empresas radicadas en Argentina y Estados Unidos.
Al explicar su situación, el argentino aseguró que su detención forma parte de un “intento de golpe de Estado” en Bolivia, una interpretación que presentó como argumento para no profundizar sobre algunos de los vínculos que investigan las autoridades.
La advertencia del fiscal y las nuevas órdenes de detención
Mientras Cerimedo enfrenta varias causas, la Fiscalía boliviana endureció su posición. Roger Mariaca advirtió públicamente a funcionarios del Poder Ejecutivo y de otras instituciones que intenten intervenir en las investigaciones.
“Para esos altos funcionarios del Ejecutivo o de cualquier institución pública del Estado, que de alguna u otra manera quieran trancar esta investigación, quieran hacer seguimiento a mis fiscales de materia en Santa Cruz y en Bolivia, que se atengan a las consecuencias”, afirmó el fiscal general.
Mariaca insistió en que el Ministerio Público continuará con las pesquisas sin aceptar presiones.
“Nada nos va a parar para investigar este hecho”, sostuvo.
La advertencia se produjo mientras la investigación por el ataque contra Nadia Beller incorpora nuevos testimonios y avanza sobre los vínculos que Cerimedo mantenía con funcionarios y personas relacionadas con distintos organismos del Estado.
La Fiscalía también informó que emitió tres nuevas órdenes de aprehensión contra ciudadanos extranjeros. Los mandamientos ya fueron entregados a la Policía Boliviana, aunque Mariaca evitó revelar las identidades para no afectar las diligencias.
“Se ha librado tres nuevas órdenes de aprehensión dentro de este hecho de tentativa de feminicidio en contra de la señora Nadia Beller”, confirmó.
Cerimedo permanece con detención preventiva por 180 días en el penal de Palmasola. Beller lo señaló como presunto autor intelectual del ataque ocurrido el 17 de agosto en Santa Cruz, en el que recibió al menos tres impactos de bala.
La investigación sumó además el testimonio de un teniente coronel de la Policía Boliviana identificado como Erick C.G., quien reconoció haber mantenido contacto con Cerimedo y haber recibido de él material para actividades vinculadas con seguridad, entre ellos un dron.
El dato que despertó particular interés de los investigadores fue que el policía confirmó haber recibido una llamada de Cerimedo el mismo 17 de agosto, después del ataque.
De acuerdo con su declaración, el argentino le pidió ayuda para averiguar por qué Beller no respondía sus llamadas. El uniformado explicó que no se encontraba en Santa Cruz y que no tenía personal disponible para realizar esa tarea.
Para la Fiscalía, ese contacto forma parte de la reconstrucción de los vínculos de Cerimedo y de las circunstancias previas y posteriores al ataque.
Pero el expediente no se limita a la causa por tentativa de feminicidio. El argentino también es investigado en La Paz por presunto enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y enfrenta otra causa en Santa Cruz por violencia familiar o doméstica.
A esas investigaciones se agregó una pesquisa anunciada en Beni por una presunta relación con la protección de vuelos irregulares vinculados con aeronaves relacionadas con el narcotráfico en Santa Ana.
Dinero, empresas y una investigación que crece
En su primera declaración formal por el presunto enriquecimiento ilícito, Cerimedo intentó explicar el origen de su patrimonio. Aseguró que sus ingresos llegaron a US$1 millón mensuales durante 2025 y 2026 y que buena parte de sus recursos provienen de las empresas que creó en Argentina y Estados Unidos.
La defensa también salió a cuestionar el procedimiento de la Fiscalía.
La abogada Margarita Arce sostuvo que existe una exposición pública excesiva del expediente y advirtió que, a su entender, se está instalando en la sociedad una condena anticipada contra su cliente.
Además, rechazó la versión fiscal sobre el supuesto hallazgo de una “minigranja de bots” durante los allanamientos realizados en inmuebles relacionados con Cerimedo. Según explicó, los departamentos intervenidos no eran de propiedad del argentino y uno de ellos era alquilado por él.
La defensa también se refirió al dinero encontrado durante los operativos. Arce sostuvo que Cerimedo había trasladado fondos desde Argentina para afrontar sus gastos en Bolivia y aseguró que ese dinero provenía de los ingresos de sus propias empresas.
La investigación, sin embargo, encontró otros elementos que ahora están bajo análisis. Durante un allanamiento realizado en La Paz el 20 de agosto, los investigadores secuestraron documentación, un arma de fuego, el título de propiedad de una vivienda y un automóvil.
En paralelo, la Fiscalía señaló que a través de una casa de cambios de la Zona Sur, denominada “Exchange”, Cerimedo habría recibido sumas de dinero en dólares. Según la investigación, durante un operativo el representante legal del establecimiento escapó luego de retirar alrededor de US$700.000 de las cajas fuertes.
El expediente también menciona cajones con dinero en efectivo y el uso de una credencial de la Policía boliviana.
El cuadro que enfrentan ahora los investigadores es, por lo tanto, mucho más amplio que la causa original. La Fiscalía busca determinar no solamente qué ocurrió con Nadia Beller, sino también qué vínculos construyó Cerimedo en Bolivia, qué funciones desempeñaba realmente, de dónde provenían sus recursos y cuál era su relación con funcionarios y organismos estatales.
El Gobierno boliviano sostuvo que Cerimedo no ocupó un cargo formal dentro de la administración. Sin embargo, sus vínculos con autoridades y funcionarios quedaron bajo la lupa judicial.
Mientras tanto, Mariaca intenta blindar la investigación de cualquier interferencia política y dejó una definición que resume el escenario: “Somos independientes y valientes para llevar adelante esta investigación como cualquiera que hay dentro del territorio nacional”.
