La Justicia de Río Negro dispuso el embargo del sueldo y del medio aguinaldo de la diputada nacional Lorena Villaverde en el marco de una causa por incumplimientos en la venta de terrenos en la ciudad balnearia de Las Grutas. La medida apunta a garantizar el cobro de una indemnización que alcanza los 40 millones de pesos, entre capital, intereses y costas.
La resolución fue dictada por el juez Santiago Morán, a cargo del Juzgado Civil Nº 3 de San Carlos de Bariloche, tras una presentación realizada por un comprador que en 2022 adquirió un lote en un emprendimiento inmobiliario y, a más de dos años de la operación, no recibió la posesión del terreno ni los servicios comprometidos.
Embargo judicial por daños y perjuicios
El fallo ordena retener ingresos de la legisladora hasta cubrir un monto de 27 millones de pesos en concepto de capital, más 13,5 millones correspondientes a intereses y gastos judiciales. El magistrado consideró acreditado el perjuicio generado por el incumplimiento contractual, incluido el cobro de un canon locativo sin que se haya concretado la entrega efectiva del lote.
Según consta en la causa, el comprador cumplió con las obligaciones asumidas, pero el desarrollo inmobiliario no avanzó en los términos pactados, lo que derivó en la presentación de la medida cautelar para resguardar un eventual resarcimiento económico.
Más demandas y cuestionamientos al loteo
Este no es el único frente judicial que enfrenta Villaverde. En las últimas semanas, otro adquirente inició una demanda por más de 30 millones de pesos ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de San Antonio Oeste, donde también se solicitó un embargo preventivo. Además, con anterioridad, la diputada homologó acuerdos con al menos dos damnificadas, comprometiéndose a pagar sumas de 12 y 10 millones de pesos en cuotas, con el objetivo de evitar nuevos litigios.
El emprendimiento cuestionado, conocido como loteo Tajamar, se ubica en una zona rural según los registros catastrales y, de acuerdo con las presentaciones judiciales, no contaría con habilitación municipal, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Los abogados de los compradores sostienen que estas irregularidades agravan la situación y descartan que la pandemia o demoras administrativas justifiquen el incumplimiento de los contratos, cuyos plazos se encuentran vencidos.
