En un fallo histórico, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dispuso la ejecución patrimonial de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y los demás condenados en la causa Vialidad. La medida, que avanza después de que la Cámara de Casación despejara los últimos obstáculos procesales, busca cubrir la cifra actualizada de $684.990.350.139,86, monto que la Justicia estableció como resultado económico de la maniobra fraudulenta.
Integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, el tribunal ordenó avanzar sobre los bienes embargados para que los condenados respondan de manera solidaria hasta alcanzar la suma establecida. La decisión se basa en un extenso análisis jurídico y patrimonial elaborado tras la sentencia firme dictada por la Corte Suprema en junio de 2025.
Propiedades alcanzadas: 20 de la familia Kirchner y más de 80 de Báez
El decomiso involucra un volumen patrimonial sin precedentes. En el caso de la familia Kirchner, se ejecutará:
- 1 propiedad a nombre de Cristina Kirchner,
- 19 inmuebles heredados por Máximo y Florencia Kirchner, recibidos a título gratuito.
Lázaro Báez, por su parte, perderá más de 80 propiedades, incluyendo activos de empresas como Austral Construcciones, que fueron utilizadas —según determinó la Justicia— para la maniobra delictiva con la obra pública en Santa Cruz.
El tribunal aclaró que el decomiso también incluye bienes en manos de sociedades y terceros beneficiados siempre que no sean adquirentes de buena fe y a título oneroso.
Fundamentos del tribunal: impedir el beneficio del delito y reparar el daño social
En su resolución, el TOF 2 desarrolló tres criterios centrales para avalar la ejecución patrimonial:
1. Recuperación del beneficio económico ilícito
Los jueces señalaron que la maniobra de corrupción comprobada produjo un “resultado material concreto y verificable”: un enriquecimiento indebido proveniente de licitaciones amañadas, sobreprecios y ampliaciones irregulares de obra que beneficiaron a Báez y, de manera directa o indirecta, a la familia Kirchner.
2. Reparación del daño al Estado y a la sociedad
El decomiso cumple un rol reparador, conforme a la normativa nacional y a los compromisos internacionales de Argentina, especialmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
3. Alcance sobre bienes en manos de terceros
El tribunal explicó que los bienes transferidos a Máximo y Florencia Kirchner quedan incluidos porque fueron recibidos gratuitamente y forman parte de los beneficios indirectos derivados del circuito fraudulento.
Una actualización millonaria del monto original
La sentencia original había fijado el decomiso en $84.835 millones, pero la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y de los peritos fiscales llevó a una actualización que casi multiplica por ocho la cifra, alcanzando los más de $684.990 millones, uno de los montos más altos registrados en casos de corrupción.
El tribunal señaló que, tras la intimación a los condenados para cubrir ese monto, ninguno cumplió, lo que habilitó el inicio de la ejecución sobre bienes inmuebles, cuentas, activos societarios y otros patrimonios.
Las defensas cuestionaron la medida, pero el TOF 2 la ratificó
Las defensas de Cristina Kirchner, Báez, Nelson Periotti y otros condenados solicitaron el rechazo del decomiso, alegando:
- falta de acreditación del vínculo entre los bienes y el delito,
- violación de garantías constitucionales,
- imposibilidad de afectar bienes anteriores al período de gobierno,
- existencia de sobreseimientos firmes en causas conexas.
Sin embargo, el TOF 2 rechazó esos planteos y ratificó que la sentencia firme acreditó “beneficios económicos directos e indirectos” derivados de la adjudicación irregular de obras viales.
Próximos pasos: registro, realización y destino de los bienes
El tribunal ordenó registrar los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Comisados y elevar la resolución a la Corte Suprema, encargada de determinar el destino final de los inmuebles de acuerdo con las normas vigentes.
Además, la Fiscalía conservará la facultad de identificar nuevos bienes susceptibles de decomiso durante la ejecución de la sentencia.
