Después de más de cuatro días prácticamente aislado del mundo, Irán restableció de forma parcial las comunicaciones internacionales, permitiendo que algunos ciudadanos pudieran realizar llamadas al extranjero por primera vez desde el inicio de la represión contra las protestas que sacuden al país desde fines de diciembre.
Personas en Teherán lograron comunicarse con periodistas internacionales y describieron un escenario marcado por una fuerte militarización, presencia masiva de fuerzas de seguridad y un clima de temor generalizado. Sin embargo, el restablecimiento fue limitado: los mensajes de texto seguían sin funcionar y el acceso a internet continuaba restringido a sitios locales aprobados por el gobierno, sin conexión a plataformas extranjeras.
Según organizaciones de derechos humanos, al menos 646 personas murieron durante la represión, aunque fuentes oficiales iraníes no han difundido cifras propias y un alto funcionario citado por Reuters aseguró bajo anonimato que el número de fallecidos podría rondar los 2.000, atribuyendo las muertes a “terroristas”.
Calles militarizadas y control social en Teherán
Los testimonios desde la capital iraní ofrecen una imagen de control absoluto del espacio público. Agentes de la policía antidisturbios, equipados con cascos, armaduras, escudos, escopetas y gas lacrimógeno, custodian las principales avenidas e intersecciones. A ellos se suman miembros de la milicia Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria, y agentes de seguridad vestidos de civil.
Durante los disturbios, bancos y edificios gubernamentales fueron incendiados, mientras que numerosos cajeros automáticos quedaron destruidos. La interrupción de internet también afectó al sistema financiero, dificultando operaciones bancarias básicas.
Aunque muchos comercios permanecen abiertos, el tránsito peatonal es escaso. El tradicional Gran Bazar de Teherán, punto clave del inicio de las protestas el 28 de diciembre, fue reabierto bajo presión de las fuerzas de seguridad, según relataron comerciantes. Los medios estatales no confirmaron oficialmente esa orden.
Las protestas, que comenzaron como un reclamo por el fuerte aumento de los precios, derivaron rápidamente en una impugnación directa al régimen clerical, convirtiéndose en el mayor desafío interno para la República Islámica desde 2022.
Tensión con Estados Unidos, amenazas y presión internacional
El escenario interno se combina con una creciente tensión internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán busca negociar con Washington, aunque advirtió que no descarta opciones militares si la represión continúa. En paralelo, anunció aranceles del 25% a los países que mantengan relaciones comerciales con Teherán, una medida que impacta directamente sobre economías como China, Rusia, Brasil, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.
Desde Teherán, el canciller Abbas Araghchi confirmó contactos con el enviado estadounidense Steve Witkoff, pero sostuvo que las “amenazas” de Washington son incompatibles con cualquier entendimiento. Al mismo tiempo, el parlamento iraní advirtió que Estados Unidos e Israel serían “objetivos legítimos” si intervienen militarmente.
La situación también generó alarma en Naciones Unidas. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la violencia contra manifestantes pacíficos y alertó sobre el riesgo de que la pena de muerte sea aplicada a miles de detenidos. Según la ONU, las víctimas mortales se cuentan por cientos.
Pese a la magnitud de la crisis, analistas coinciden en que el régimen aún cuenta con una estructura de seguridad capaz de resistir, sostenida por los Guardianes de la Revolución y la milicia Basij. No obstante, advierten que la supervivencia política no equivale a estabilidad: Irán atraviesa una de las etapas más frágiles desde 1979, con una economía asfixiada por sanciones, presión externa creciente y un descontento social cada vez más difícil de contener.
