En un escenario marcado por el aislamiento internacional y el desgaste interno del régimen, el chavismo anunció una amnistía general para presos políticos que todavía permanecen detenidos en Venezuela. La medida fue comunicada por Delcy Rodríguez, quien actúa como presidenta encargada, durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia.
Según el anuncio oficial, la iniciativa será enviada a la Asamblea Nacional con el objetivo de “favorecer la convivencia” y desactivar tensiones políticas acumuladas tras años de persecución. Rodríguez aseguró que la decisión fue conversada con Nicolás Maduro, aunque el exmandatario permanece fuera del control efectivo del poder desde su captura a comienzos de enero.
La medida se conoce en un contexto delicado: las liberaciones de detenidos comenzaron semanas atrás, pero avanzaron de forma lenta, fragmentada y sin garantías plenas. Por eso, el anuncio fue recibido con cautela por familiares, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición.
Liberaciones parciales y desconfianza social
Aunque el chavismo presenta la amnistía como un gesto de apertura, en la práctica las excarcelaciones se realizaron “con cuentagotas”. Mientras el discurso oficial habla de más de 600 liberados, los relevamientos independientes reducen esa cifra a poco más de 300 personas.
Además, muchos de los excarcelados continúan bajo medidas restrictivas: prohibición de salida del país, limitaciones para expresarse públicamente, inhabilitaciones laborales y controles policiales permanentes. Este esquema de “libertad vigilada” refuerza la desconfianza social y alimenta la percepción de que los presos siguen siendo utilizados como moneda de negociación política.
El anuncio incluyó otro punto simbólico: el cierre del Helicoide como centro de detención, con la promesa de reconvertirlo en un espacio social y deportivo. Sin embargo, familiares de detenidos denuncian que todavía hay personas alojadas en cárceles y centros de detención sin información clara sobre su situación judicial.
El reclamo por una amnistía real y sin condiciones
Desde la sociedad civil insisten en que no habrá transición democrática mientras existan presos políticos o causas judiciales abiertas por razones ideológicas. Agrupaciones de familiares y víctimas impulsan una amnistía más amplia, que contemple el sobreseimiento total de causas desde el inicio de las protestas masivas de 2014 y garantice libertades plenas.
La experiencia previa alimenta el escepticismo. En otras ocasiones, el régimen otorgó indultos selectivos que luego fueron neutralizados con nuevas detenciones. Por eso, el anuncio actual es leído más como un intento de ganar tiempo y legitimidad internacional que como una decisión estructural para desmontar el aparato represivo.
