Hay un número que circula hace meses sin que termine de sacudir a nadie: más de siete millones de argentinos están atrasados con sus pagos. Tarjetas, préstamos personales, cuotas que en algún momento parecían manejables y que hoy son la diferencia entre llegar a fin de mes o no. Frente a esa foto, que ya dejó de ser anécdota para convertirse en estructura, Martín Redrado y el equipo de Fundación Capital pusieron sobre la mesa una propuesta que tiene el mérito de no pedirle un peso al Estado, algo que en la Argentina de la motosierra no es un detalle menor.
La idea, despojada de tecnicismos, es bastante razonable: alguien que no puede pagar una cuota hoy no es necesariamente alguien que nunca va a poder hacerlo. Puede ser una cuestión de plazos, de tasa, de que el esquema de pago fue pensado para otro bolsillo. Lo que propone Redrado es habilitar que bancos y clientes se sienten a renegociar antes de que el atraso te empuje, casi de forma automática, a una categoría peor en la Central de Deudores del Banco Central. Porque ahí está el problema real: el sistema castiga la mora antes de preguntar por qué existe.
Conviene ser precisos con lo que esto no es. No es que el Estado salga a pagar deudas privadas, no es una condonación disfrazada y tampoco es la vieja trampa de tomar un crédito nuevo para tapar el agujero del anterior, ese círculo que termina ahogando más de lo que alivia. Es, en rigor, una flexibilización regulatoria para que la renegociación no sea, en sí misma, un castigo. Este es el punto más interesante de la propuesta porque los bancos necesitan un incentivo para negociar, ya que hoy muchas veces les resulta más simple dar de baja a un cliente complicado que sentarse a ordenar su situación.
Lo que está en juego, más allá del gesto técnico, es si una familia que se atrasa por un mal semestre queda marcada para siempre o si el sistema le deja una puerta. Perder el acceso al crédito no es solo un problema bancario, es quedar afuera de la herramienta que muchos usan para sostener changas, arreglar lo urgente o simplemente estirar un ingreso que no alcanza. Redrado lo plantea con una claridad poco habitual en el debate económico argentino, que suele moverse entre el ajuste que no distingue casos y el populismo que no distingue responsabilidades.
La pregunta de fondo es ¿qué hacemos como sociedad cuando la macro empieza a mostrar señales de orden pero una parte enorme de los hogares sigue arrastrando decisiones tomadas en otro país, con otra inflación, con otros sueldos?. La deuda no desaparece con esta propuesta, ni el acreedor pierde su derecho a cobrar. Lo que sí cambiaría sería el itinerario para llegar a ese cobro sin dejar en el camino a millones de familias que hoy están a un paso de quedar fuera del sistema.
