El Gobierno nacional avanzó en Diputados con la reforma del régimen de Zonas Frías y abrió un fuerte debate por el impacto que la medida podría tener sobre las tarifas de gas en distintas provincias argentinas. El proyecto impulsado por la Casa Rosada mantiene los subsidios históricos para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero elimina el beneficio generalizado para millones de usuarios incorporados en la ampliación de 2021 y concentra la ayuda únicamente en hogares considerados vulnerables.
La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara baja y ahora deberá ser discutida en el Senado. Mientras el oficialismo sostiene que busca corregir distorsiones y reducir el déficit fiscal, distintos informes privados advierten que algunos usuarios podrían sufrir aumentos cercanos al 100% en sus boletas.
Cómo cambiará el régimen de subsidios por Zona Fría
El nuevo esquema mantiene el beneficio histórico para usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, donde continuará aplicándose una bonificación sobre el precio del gas natural y del gas propano por redes.
Sin embargo, para las zonas incorporadas durante la ampliación de la Ley 27.637 impulsada en 2021, el acceso al subsidio quedará restringido exclusivamente a quienes estén inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno a fines de 2025.
El nuevo modelo combinará dos criterios simultáneos:
- ubicación geográfica en zonas de severidad climática;
- situación socioeconómica del hogar.
Según el proyecto oficial, podrán conservar el beneficio quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de beneficiarios del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con discapacidad incluidas dentro del SEF.
Otro cambio clave es la forma de cálculo del subsidio. Hasta ahora, la bonificación se aplicaba sobre el total de la factura, incluyendo transporte y distribución. Con la reforma, el descuento solo alcanzará el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), reduciendo el impacto final del beneficio.
Desde el Gobierno argumentan que el esquema vigente se volvió fiscalmente insostenible tras la ampliación de 2021, que llevó la cantidad de usuarios beneficiados de 950 mil a casi 4 millones de hogares.
Según datos oficiales, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas debió ser asistido el año pasado con más de $40.560 millones provenientes del Tesoro para cubrir el déficit financiero del sistema.
Qué impacto podría tener en las tarifas
Un informe del IERAL de Fundación Mediterránea advirtió que los mayores aumentos recaerán sobre usuarios de las zonas ampliadas que no logren ingresar al nuevo esquema focalizado.
Las simulaciones realizadas por la entidad muestran que un usuario residencial promedio de Bahía Blanca podría pasar de pagar cerca de $19.945 a $39.890 mensuales, lo que representa un incremento cercano al 100%.
En cambio, quienes mantengan el subsidio a través del SEF tendrían aumentos más moderados, aunque igualmente superiores a los actuales debido al cambio en la base de cálculo.
La revisión del régimen afectará particularmente a departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, La Pampa, Salta, Mendoza y otras provincias incorporadas durante la expansión de 2021.
El informe también señala que el nuevo sistema segmentará a los usuarios en cuatro grupos distintos:
- hogares vulnerables que mantengan subsidio parcial;
- usuarios de zonas ampliadas que perderán completamente el beneficio;
- beneficiarios históricos que conservarán descuentos reducidos;
- usuarios fuera del régimen, que no tendrán modificaciones.
Además de la cuestión tarifaria, el proyecto incorpora cambios en el sistema eléctrico, habilita mecanismos para regularizar deudas con CAMMESA y prorroga hasta 2045 beneficios tributarios para energías renovables.
Desde IERAL respaldaron la necesidad de ordenar subsidios y mejorar la sustentabilidad fiscal, aunque recomendaron aplicar una transición gradual para evitar impactos bruscos sobre las familias.
