El proyecto de ley de Reforma Penal Juvenil para bajar la edad de imputabilidad a 14 años será debatido este jueves en la Cámara de Diputados a partir de las 11.
Dentro de la sesión especial también se tratará el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
Al igual que el miércoles en el Senado, se espera una sesión maratónica que dure varias horas.
El nuevo proyecto de Régimen Penal Juvenil avanzó en la Cámara de Diputados con despacho de mayoría en un plenario de comisiones y consolida dos ejes centrales: la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y una asignación presupuestaria específica superior a los $23.739 millones para su implementación.
La iniciativa fue tratada en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda, presididas por legisladores de La Libertad Avanza.
Financiamiento garantizado y cambios estructurales
La principal novedad del texto es el artículo 51, que fija una asignación total de $23.739.155.303,08 para poner en marcha el nuevo régimen.
Los fondos se distribuirán entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, y además se habilitan acuerdos entre Nación y provincias para financiar infraestructura, incluyendo la construcción de nuevas instalaciones.
Este punto fue clave en la negociación política. En versiones anteriores, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que generaba dudas sobre la viabilidad real del sistema.
La diputada Silvana Giudici explicó:
“Se ha incorporado un nuevo artículo, el 51, de asignación presupuestaria, por el cual se asignan fuentes de financiamiento específicas para empezar a desplegar este nuevo Régimen Penal Juvenil”.
Y agregó: “La norma busca salvaguardar a todos y darles un futuro mejor a nuestros niñas, niños y adolescentes”.
Edad mínima en 14 años y límites de las penas
El consenso político se construyó alrededor de la edad mínima de 14 años. Dentro del oficialismo hubo sectores que impulsaban bajarla a 13, pero finalmente se impuso el acuerdo con bloques aliados como el PRO y la Unión Cívica Radical.
Desde esos espacios remarcaron:“Ese fue el consenso”.
El proyecto establece un régimen diferenciado del sistema penal adulto, sin reclusión perpetua y con una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. En el texto anterior, el tope llegaba a 20 años.
Un debate con posiciones cruzadas
Durante la reunión, el diputado Manuel Quintar (LLA) destacó: “Es un tema que la sociedad está reclamando”, y recordó el trabajo previo realizado en comisiones con distintos especialistas.
Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz adelantó que presentarán un dictamen propio y criticó el enfoque oficial:
“Fijar la edad es el foco de atención de ustedes. Se olvidan del derecho superior del niño”.
En la misma línea, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) sostuvo: “Se pretende criminalizar a los niños y adolescentes. Nuestro dictamen es de rechazo y repudio”.
En cambio, el diputado Cristian Ritondo (PRO) defendió el proyecto:
“Estamos dando un paso muy importante hoy. A los 14 años ya se tiene comprensión del acto ilegal que se está cometiendo”.
Por su parte, el radical Diógenes González consideró:
“Es la herramienta adecuada para este momento. Hay que crear una zona de protección entre los 14 y los 18 años”.
Desde Provincias Unidas, Pablo Farías respaldó la necesidad de legislar, aunque planteó disidencias parciales.
