La decisión del Gobierno de Javier Milei de reformar la Ley de Inteligencia mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia abrió un fuerte frente de conflicto político. Legisladores de distintos bloques opositores rechazaron el DNU que amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y reclamaron la inmediata intervención del Congreso para frenar una iniciativa que consideran peligrosa para el sistema democrático.
El decreto, firmado a fines de diciembre, reordena de manera integral el esquema de inteligencia nacional. Entre otros cambios, declara que todas las actividades del sector tienen carácter encubierto, redefine las funciones de la contrainteligencia y habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia o por requerimiento judicial. Para la oposición, estas modificaciones avanzan sobre límites históricos y debilitan los mecanismos de control parlamentario.
Las críticas de la oposición y el reclamo por control parlamentario
Desde bloques como Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Provincias Unidas advirtieron que el DNU elude al Congreso en un tema altamente sensible. Señalan que no existe urgencia que justifique legislar por decreto y cuestionan que aún no estén plenamente operativas las comisiones bicamerales encargadas de fiscalizar los organismos de inteligencia y el uso de los DNU.
“Rechazamos el DNU que modifica la Ley de Inteligencia. No vamos a convalidar, por acción ni por omisión, un esquema de inteligencia más opaco, más concentrado y menos controlado.”
El eje más crítico pasa por la ampliación del concepto de contrainteligencia, que ahora alcanza a todo el Sector Público Nacional. Según los diputados opositores, esta definición abre la puerta a prácticas de vigilancia sobre funcionarios, trabajadores estatales, dirigentes políticos, activistas y periodistas, y rompe con el consenso democrático que impide que los servicios de inteligencia funcionen como una “policía secreta”.
También alertan sobre una menor transparencia en el manejo de los recursos y un debilitamiento del seguimiento del gasto en actividades de espionaje, al tiempo que reclaman que cualquier reforma del sistema sea debatida a la vista de la sociedad y dentro del Parlamento.
El diputado Agustín Rossi, ex ministro de Defensa del Kirchnerismo, afirmó: “Por supuesto que lo vamos a rechazar en el Congreso y vamos a convocar a la sociedad para que nos acompañe. Este Decreto atenta contra los derechos y garantías de cualquier ciudadano. Atenta contra la democracia argentina”.
La defensa del Gobierno y la reorganización del sistema de inteligencia
Desde la Casa Rosada, en cambio, sostienen que el DNU apunta a ordenar y limitar funciones. Según la versión oficial, se le quitan a la SIDE competencias que no le correspondían, como tareas de inteligencia interior o la protección directa de infraestructura digital, y se redefine su rol para evitar superposiciones.
El decreto separa las áreas de ciberinteligencia y ciberseguridad: la primera queda bajo la órbita del sistema de inteligencia, mientras que la segunda pasa a depender de la Jefatura de Gabinete. Además, se elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar y se refuerza el registro del intercambio de información entre organismos del Estado, con el argumento de ganar trazabilidad y control interno.
