El ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado este lunes por asociación ilícita, en una causa que investiga cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades con la función pública. La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien describió un esquema de “corrupción institucional” dentro del organismo.
El fallo también alcanzó al entonces subdirector Daniel Garbellini y a Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, dos operadores externos con vínculos con el negocio de las droguerías. En total, 19 personas fueron procesadas, entre ex funcionarios, empleados de la ANDIS y empresarios privados, con embargos millonarios sobre sus bienes.
“Un entramado de corrupción institucional”
En una resolución de más de 300 páginas, Casanello fue categórico. Señaló que en los primeros meses del gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Para el magistrado, ese entramado se armó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”. Y añadió una definición que atraviesa todo el fallo: la ANDIS “fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
Embargos y “sistema de retornos”
El embargo más alto recayó sobre Spagnuolo, por más de $202 millones, aunque los montos trabados para los cuatro principales acusados rondan cifras similares. Según el juez, la operatoria incluyó un “sistema de retornos” por parte de droguerías que vendían medicamentos con sobreprecios a la Agencia.
En palabras del fallo, esos retornos “recompensaban a los funcionarios infieles” y permitían direccionar contrataciones públicas, muchas de ellas realizadas bajo situaciones de emergencia para evitar licitaciones.
Audios, nulidades y pruebas independientes
La causa se inició en agosto pasado tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en notas periodísticas que difundieron audios atribuidos a Spagnuolo. En una de esas grabaciones se escuchaba una frase explosiva: “Lule (Menem) me lo puso a Garbellini para chorear”.
Las defensas intentaron invalidar el expediente alegando que los audios eran ilegales o manipulados. Sin embargo, Casanello rechazó las nulidades y aclaró que las grabaciones no fueron usadas como prueba directa, ya que el contenido de la denuncia fue corroborado con expedientes administrativos y testimonios independientes.
“Márgenes aún difusos”
Uno de los puntos más sensibles del fallo es que la investigación podría escalar. Casanello advirtió que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.
Y fue más allá: “La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (…) sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”. Por eso, ordenó nuevas indagatorias y dejó bajo la lupa a empresas clave del sector farmacéutico.
Nuevas indagatorias y empresas citadas
El juez convocó a declarar a Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta. Además, citó a las personas jurídicas de Droguería Profarma SA, Droguería Génesis SA, Droguería New Farma SA y Droguería Floresta SA.
Los 19 procesados
Como jefes de la asociación ilícita quedaron procesados:
- Diego Orlando Spagnuolo (ex director ejecutivo de ANDIS)
- Daniel María Garbellini (ex subdirector)
- Miguel Ángel Calvete (operador externo)
- Pablo Atchabahian (operador externo)
Como integrantes y partícipes, fueron alcanzados ex directores, coordinadores, empleados y empresarios vinculados a droguerías, completando una nómina de 19 procesados.
Fuentes: Infobae y Noticias Argentinas
