La comunidad universitaria argentina definió este lunes la convocatoria a una nueva movilización nacional contra el gobierno de Javier Milei. La cuarta marcha federal se realizará el próximo 12 de mayo hacia Plaza de Mayo, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamar por la crítica situación salarial del sector. La convocatoria fue impulsada por la Federación Universitaria Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Gremial Universitario, quienes llamaron a estudiantes, docentes, nodocentes y a la sociedad en general a movilizarse.
Reclamo por fondos y conflicto con el Gobierno
El eje central de la protesta es la falta de aplicación de la ley aprobada en 2025, que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios, becas y gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
Desde el sistema universitario advierten que la situación es crítica: los salarios docentes acumulan una pérdida cercana al 34% del poder adquisitivo y se ubican en niveles mínimos de las últimas dos décadas.
En paralelo, el Gobierno sostiene su rechazo a la implementación de la norma. Según argumenta, el cumplimiento pleno de la ley tendría un impacto fiscal significativo. “Afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país”, señalan fuentes oficiales.
Incluso, desde el Ministerio de Economía advirtieron que aplicar la ley implicaría redireccionar gran parte del presupuesto estatal, lo que podría afectar el funcionamiento de áreas clave del Estado.
Batalla judicial y nuevo proyecto en el Congreso
El conflicto escaló a la Justicia luego de que el Ejecutivo decidiera no aplicar la ley pese a su promulgación. El Consejo Interuniversitario Nacional presentó un amparo que ya tuvo dos fallos favorables: tanto en primera instancia como en la Cámara Contencioso Administrativa Federal se ordenó cumplir con la actualización salarial y de becas.
Sin embargo, el Gobierno apeló ante la Corte Suprema y busca frenar la medida.
En paralelo, el oficialismo impulsa un nuevo proyecto de ley que modifica el esquema vigente. La iniciativa propone aumentos salariales limitados para 2025 y elimina la actualización automática por inflación, lo que fue rechazado por rectores y gremios.
