Cumpliendo con el anuncio realizado horas antes en Mar del Plata, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el debate sobre el Régimen Penal Juvenil. La medida quedó formalizada a través del Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario junto a su vocero y ministro Manuel Adorni.
El texto del decreto es breve pero de alto impacto político. En su artículo primero dispone la incorporación, dentro del período de sesiones extraordinarias que comenzará el 2 de febrero, de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil. De esta manera, el Poder Ejecutivo le dio respaldo legal a una de las discusiones más sensibles de la agenda de seguridad y justicia.
La decisión se conoció un día después de que Milei, durante su paso por Mar del Plata en el marco del Tour de la Gratitud, lanzara una frase que volvió a instalar el tema en el centro del debate público: “En Argentina el que las hace las paga; delito de adulto, pena de adulto”.
El eje del debate: edad de imputabilidad y consensos políticos
Con la inclusión formal del tema en el temario legislativo, la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad quedará habilitada tanto en Diputados como en el Senado durante las sesiones de verano, que se extenderán hasta el 27 de febrero. El objetivo del Gobierno es avanzar en una nueva normativa que reemplace el régimen vigente desde la dictadura y establezca un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cometan delitos graves.
El proyecto es impulsado por las carteras de Seguridad y Justicia, bajo la órbita del ministro Mariano Cúneo Libarona, y retoma el trabajo realizado en comisiones durante 2024 y 2025. Allí, el principal punto de tensión fue la edad mínima de punibilidad: mientras el oficialismo plantea llevarla a los 13 años, el consenso parlamentario previo la había fijado en 14. Desde la Casa Rosada admiten que esa diferencia será parte de la negociación política para lograr apoyos.
El debate también se vio reactivado por casos recientes de alto impacto, como el asesinato de Jeremías Monzón, ocurrido en Santa Fe y cometido por otros menores, que volvió a poner en discusión el alcance del sistema penal juvenil.
