La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) actualizó el sistema de trazabilidad de medicamentos en la Argentina mediante la Disposición 6223/2025, con el objetivo de reforzar la seguridad sanitaria y garantizar la transparencia en toda la cadena de suministro de fármacos.
La nueva normativa amplía el listado de sustancias trazables y fija criterios claros para incluir o excluir ingredientes farmacéuticos activos (IFA). Los medicamentos de alta vigilancia, costo elevado, riesgo de uso indebido o relevantes en el tratamiento de enfermedades crónicas y de alta complejidad deberán ser incorporados al Sistema Nacional de Trazabilidad para su seguimiento exhaustivo desde la producción hasta la distribución.
Hasta ahora, la trazabilidad de estupefacientes y psicotrópicos como fentanilo, morfina, oxicodona, metadona, flunitrazepam, cannabidiol, ketamina y propofol se realizaba sólo a nivel jurisdiccional, mediante un sistema de vales en papel. Con la nueva disposición, el registro se estandariza a nivel nacional con auditorías obligatorias, sanciones en caso de incumplimiento y la obligación de reportar en línea cada movimiento. Esto permitirá a la autoridad sanitaria contar con un monitoreo en tiempo real de la cadena de suministro.
Desde la ANMAT destacaron que la trazabilidad es una política pública clave para prevenir fraudes, robos y falsificaciones en el mercado de medicamentos. El listado de sustancias no se actualizaba desde 2016, por lo que esta medida se considera un paso estratégico para fortalecer el rol de rectoría del Estado en materia sanitaria.
Los fármacos que ya se encuentran registrados y contengan alguno de los IFA incorporados en la disposición tendrán 45 días hábiles para adecuarse a los nuevos requerimientos.
Con este avance, Argentina se posiciona entre los países de la región con mayor nivel de control y transparencia en el sistema de medicamentos, ofreciendo a los pacientes mayor confianza y seguridad sobre los tratamientos que consumen, y optimizando la capacidad del Estado para detectar irregularidades y actuar de forma rápida ante posibles desvíos.
