La Cámara de Diputados inicia este martes la primera audiencia pública para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, en un contexto marcado por la alta participación ciudadana y fuertes cuestionamientos de la oposición sobre el proceso.
El encuentro comenzará a las 10 con un esquema mixto —presencial y virtual— y más de 100.000 personas inscriptas para exponer. Sin embargo, en esta primera jornada solo participarán 200 oradores de manera presencial, mientras que el resto continuará en formato virtual.
Cuestionamientos y pedido de nulidad
En paralelo al inicio del debate, el diputado Maximiliano Ferraro anunció la presentación de una impugnación formal contra la audiencia, junto a legisladores de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales.
El planteo fue dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con el objetivo de frenar el proceso actual y convocar a una nueva instancia.
Ferraro fue contundente al cuestionar el mecanismo elegido: “Estamos frente a una audiencia pública que se transformó en una farsa”, sostuvo.
Según explicó, la principal crítica radica en la limitación de la participación efectiva frente a la cantidad de inscriptos. En ese sentido, denunció que el oficialismo restringió la intervención a un porcentaje mínimo: “Eligieron limitar la participación al 0,3% y silenciar las voces”.
Además, señaló falta de transparencia en la organización del debate, al asegurar que incluso horas antes del inicio no se conocía el listado de oradores.
Debate clave y tensión política
La audiencia pública se da en el marco de un proyecto que busca modificar una ley clave para la protección ambiental en la Argentina, especialmente en regiones donde los glaciares son fuente central de recursos hídricos.
Desde la oposición advierten que avanzar con cambios sin consenso social puede generar conflictos en provincias y sectores productivos directamente afectados.
En esa línea, Ferraro también cuestionó la legalidad del procedimiento y advirtió que podría vulnerar normativas vigentes: “No se puede avanzar con cambios de esta magnitud de manera exprés, sin debate real y sin la licencia social necesaria”.
El planteo de impugnación incluye posibles violaciones al reglamento de la Cámara, a la Constitución Nacional, a la Ley General del Ambiente y al Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información y la participación en temas ambientales.
