Un fallo judicial sacudió este lunes al Gobierno de Javier Milei: el juez laboral Raúl Ojeda ordenó la suspensión de 82 artículos de la reforma laboral tras una presentación de la CGT.
La medida, de carácter cautelar, deja en suspenso la aplicación de los artículos cuestionados hasta que haya una sentencia definitiva sobre su constitucionalidad. El expediente fue impulsado por la central obrera mediante una acción declarativa contra el Estado nacional.
Según el fallo, la decisión se fundamenta en la posible vulneración de derechos constitucionales vinculados al trabajo y la organización sindical.
“Se encuentran comprometidos derechos de máxima raigambre constitucional”, señala la presentación que dio origen a la resolución.
Los argumentos de la CGT y la respuesta del Gobierno
La CGT argumentó que los artículos impugnados de la Ley 27.802 introducen cambios regresivos en derechos laborales, afectando principios como la protección del trabajador, la progresividad y la libertad sindical.
“Las normas vulnerarían en forma ostensible garantías como la tutela judicial efectiva, la no discriminación y el derecho de defensa”, sostuvieron desde la central sindical.
Entre los puntos cuestionados se incluyen modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, cambios en convenios colectivos y ajustes en regulaciones sobre jornada laboral y representación sindical.
Por su parte, el Estado nacional rechazó la cautelar y defendió la legalidad de la reforma, argumentando que no existía un caso concreto ni peligro en la demora que justificara la suspensión.
“No hay verosimilitud en el derecho ni urgencia que justifique frenar la aplicación de la ley”, planteó la defensa oficial.
Sin embargo, el juez consideró que los planteos de la CGT ameritaban una medida preventiva mientras se analiza el fondo de la cuestión.
Noticia en construcción…
