Luego de la primera defensa pública de Claudio “Chiqui” Tapia frente a las acusaciones de corrupción que pesan sobre su conducción, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este martes un extenso descargo institucional en el que negó irregularidades en sus balances, rechazó incumplimientos administrativos y acusó a la Inspección General de Justicia (IGJ) de ejercer presión y construir un “relato ficticio” para instalar sospechas inexistentes.
El pronunciamiento llegó tras la intimación cursada por la IGJ, que había advertido supuestas inconsistencias contables por más de 450 millones de dólares y fijado como plazo el 20 de enero para que declaren los profesionales que intervinieron en los estados contables observados.
Desde la AFA aseguran que todos los balances desde 2017 fueron presentados en tiempo y forma, que solo recibieron una única observación formal —respondida dentro del plazo legal— y que el resto de las supuestas “vistas” nunca fue debidamente notificado, como exige la normativa administrativa.
Cambio de jurisdicción y balances: la defensa punto por punto
En su descargo, la entidad que preside Tapia rechazó de plano que el cambio de jurisdicción a la Provincia de Buenos Aires haya sido irregular o una maniobra para eludir controles. Según detalló, la decisión fue aprobada en asamblea, fiscalizada por veedores de la propia IGJ, y posteriormente certificada por el organismo nacional, que incluso emitió en noviembre de 2024 el certificado de vigencia necesario para la inscripción en la provincia.
Ese trámite fue finalmente aprobado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, que notificó formalmente a la IGJ la inscripción de la nueva sede social de la AFA en Pilar. Para la entidad, estos actos administrativos prueban que el organismo nacional conoció, participó y validó el proceso desde el inicio, por lo que consideran falsas las acusaciones posteriores.
En relación con los balances, la AFA sostuvo que presentó toda la documentación correspondiente a los ejercicios 2017–2024 y que la única vista debidamente notificada fue contestada en tiempo y forma. Además, denunció que muchas de las observaciones invocadas públicamente por el inspector Daniel Roque Vítolo fueron emitidas años después de las presentaciones, nunca notificadas legalmente y luego archivadas sin fundamento.
La entidad también advirtió sobre graves irregularidades administrativas en los expedientes, como falta de foliado, hojas marcadas como “no foliar”, ausencia de trazabilidad interna y vistas firmadas por funcionarios que, según la AFA, carecerían de competencia. Todo ello, remarcaron, fue denunciado formalmente y documentado incluso ante escribano público.
Acusaciones cruzadas y cuestionamientos al rol de la IGJ
Otro punto central del descargo fue la contradicción entre las acusaciones actuales y los certificados de vigencia emitidos por la propia IGJ durante los últimos años. En todos ellos —incluido el último, fechado en noviembre de 2024— el organismo dejó constancia de que la AFA estaba al día con la presentación de balances y la documentación post-asamblearia, sin medidas cautelares vigentes.
Para la conducción de la AFA, estos antecedentes desmienten cualquier incumplimiento histórico y exponen una utilización mediática del conflicto, con filtraciones de información administrativa protegida por deberes de confidencialidad.
En ese marco, la entidad negó categóricamente haber dicho “no te voy a mostrar nada”, como afirmó públicamente el titular de la IGJ, y sostuvo que jamás se negó a exhibir documentación, sino que respondió siempre por los canales institucionales una vez notificada conforme a la ley.
Finalmente, la AFA remarcó que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, y que la IGJ solo conserva competencia residual sobre trámites pendientes iniciados antes del cambio de jurisdicción.
“El incumplidor no es la AFA, sino el propio organismo”, concluye el comunicado, al tiempo que denuncia una instrumentalización del procedimiento administrativo con fines políticos, destinada a encubrir años de inactividad y a instalar públicamente un escenario de irregularidades que, aseguran, no existe en los hechos ni en la documentación oficial.
