La Cancillería de Irán declaró este miércoles a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”, en una represalia directa contra la decisión del gobierno de Javier Milei de incorporar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) al registro nacional de entidades vinculadas al terrorismo. La medida fue comunicada oficialmente por Teherán, que consideró la resolución argentina un acto “hostil” y contrario al derecho internacional, y advirtió que Buenos Aires deberá asumir las consecuencias.
La decisión representa un nuevo capítulo en el deterioro de las relaciones entre ambos países. Sin embargo, el comunicado iraní no incluyó al Ejército Argentino ni anunció sanciones específicas, restricciones operativas o medidas concretas sobre buques y aeronaves.
La respuesta de Teherán y el argumento de reciprocidad
El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní fundamentó la declaración en una ley de 2019, aprobada como respuesta a la decisión de Estados Unidos de designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.
La normativa establece que los países que respalden o acaten esa calificación quedarán sujetos a medidas recíprocas. En ese marco, el Gobierno iraní sostuvo que la Argentina actuó contra un componente oficial de sus Fuerzas Armadas y justificó así extender su legislación a dos ramas de la estructura militar nacional.
En el comunicado, Teherán afirmó que “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha ley y de sus disposiciones”. Además, lanzó una advertencia directa: “El Gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias derivadas de esta acción”.
El antecedente más cercano se produjo el 1 de noviembre, cuando Irán aplicó el mismo mecanismo contra la Marina Real y la Fuerza Aérea del Reino Unido.
Los atentados de la AMIA y la Embajada de Israel, en el centro del conflicto
El origen de esta escalada se encuentra en la decisión adoptada por el Ejecutivo argentino el 31 de marzo, cuando anunció la designación del CGRI como organización terrorista y su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida quedó formalizada mediante la Resolución Conjunta 3/2026, firmada por los ministerios de Seguridad Nacional y de Relaciones Exteriores y publicada en el Boletín Oficial el 6 de abril. Se trató de una decisión administrativa del Poder Ejecutivo, sustentada en el Decreto 918/2012, y no de una ley aprobada por el Congreso ni de una sentencia judicial.
La Casa Rosada fundamentó la decisión en las investigaciones sobre los dos atentados terroristas más graves de la historia argentina: el ataque contra la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de marzo de 1992, que dejó 29 muertos y más de 200 heridos, y el atentado contra la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, con 85 víctimas fatales y más de 300 heridos.
El Gobierno argentino atribuye ambos ataques a Hezbolá y sostiene que existió participación de altos funcionarios iraníes y de integrantes de la Guardia Revolucionaria. Irán, por su parte, niega cualquier responsabilidad y rechaza las acusaciones.
En abril, como consecuencia de la inscripción del CGRI en el RePET, la Cancillería argentina declaró persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, y le dio 48 horas para abandonar el país.
La decisión de Teherán vuelve a poner en primer plano el alineamiento internacional de Milei y sus consecuencias diplomáticas. Mientras el Gobierno argentino justificó su postura como parte de un acercamiento a Occidente, Irán interpretó la medida como un respaldo a la política estadounidense.
Hasta el cierre de esta nota, no se había conocido una respuesta oficial de la Cancillería argentina, del Ministerio de Defensa ni de la Casa Rosada.
