El oficialismo consiguió este miércoles el dictamen de la nueva versión de la ley de Inocencia Fiscal, pero lo hizo con un giro que dice más de lo que La Libertad Avanza quisiera admitir: excluyó del régimen a quienes sean o hayan sido funcionarios públicos en los últimos cinco años. La corrección llega tarde y llega obligada. Apenas una semana atrás, el propio oficialismo había defendido en esa misma comisión una versión que no distinguía entre un contribuyente cualquiera y un secretario de Estado con la billetera inflada.
El nombre propio detrás del cambio de libreto no hace falta escribirlo con lupa: Manuel Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, blanquearon dinero no declarado bajo la primera edición de este mismo régimen, en plena investigación judicial por el crecimiento patrimonial del ex vocero. Aún así no está solo en esa lista incómoda: también apareció el nombre del ex titular de la AFIP investigado por los fondos de Federico “Fred” Machado. Cuando la ley que vas a votar termina siendo el paraguas de tus propios funcionarios bajo la lupa judicial, algo huele mal, y en Diputados lo terminaron oliendo todos, incluidos los aliados.
Con 44 firmas de LLA, más el acompañamiento de UCR, Pro, MID e Innovación Federal, el oficialismo consiguió lo que necesitaba para ir al recinto el 26 de agosto. Pero el precio de esa firma fue reconocer, en los hechos, que el proyecto original tenía un agujero por donde podía colarse cualquier funcionario con guita para blanquear. Ahora quien ocupó un cargo de responsabilidad, desde secretario de Estado hasta juez, fiscal o concejal, podrá usar el sistema simplificado para declarar Ganancias, pero sin la presunción de inocencia fiscal que sí tendrán el resto de los contribuyentes: ARCA podrá fiscalizar con las reglas generales, sin los blindajes que la ley les regala a los demás.
Lo llamativo es que el resto del proyecto sigue intacto en su ambición original: se eliminan los topes de patrimonio e ingresos, hasta ahora en $10.000 millones y $1000 millones respectivamente, para que prácticamente cualquiera pueda sumarse al régimen, y se suman rebajas de multas para las pymes. El discurso oficial, en boca del titular de la UIF, Matías Alvarez, fue que el verdadero riesgo no es el efectivo ahorrado sino la informalidad económica que queda fuera de todo control. Un argumento razonable en abstracto, que sin embargo convive incómodo con la foto de un exjefe de Gabinete usando la misma ley para blanquear lo que no había declarado.
La oposición, previsiblemente, no dejó pasar la contradicción. Victoria Tolosa Paz exigió explicaciones por el giro de último momento, y Nicolás del Caño fue más filoso todavía: habló de un beneficio para “evasores” disfrazado de moratoria. Tienen munición fácil, es cierto, pero también hay que decirlo: exigir controles después de haber mirado para otro lado con Ganancias, Cristina y media Argentina evasora no los deja exactamente parados en la vereda de la coherencia. Lo que queda, en definitiva, es una ley que el propio oficialismo tuvo que corregir sobre la marcha para que no la vuelva a mirar de reojo la Justicia, esta vez por sus propios funcionarios.
