El Senado de la Nación reanudó este jueves el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, luego de que La Libertad Avanza retirara el capítulo que modificaba la Ley de Tierras para garantizar el respaldo de sus aliados. La sesión es presidida por Bartolomé Abdala, debido al viaje del Presidente a Ecuador, y el oficialismo apunta a obtener la media sanción de una iniciativa que introduce cambios en desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y registros inmobiliarios.
El Gobierno cedió con la Ley de Tierras para preservar los votos aliados
La decisión de excluir el capítulo que habilitaba cambios en la Ley de Tierras fue el resultado de intensas negociaciones encabezadas por la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, luego de que gobernadores y senadores dialoguistas anticiparan que no acompañarían esa parte del proyecto.
La reforma, que había sufrido más de una decena de modificaciones, buscaba inicialmente eliminar las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En su última versión establecía un límite del 25% por provincia, superior al 15% vigente, pero tampoco logró reunir los consensos necesarios.
Con ese apartado fuera del debate, La Libertad Avanza consiguió mantener unido al denominado grupo de “los 44”, integrado por senadores oficialistas y bloques aliados, entre ellos el PRO, la UCR, Provincias Unidas y legisladores vinculados a distintos gobiernos provinciales.
Antes del inicio de la discusión también quedó descartada la participación remota de los senadores Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama, quienes habían solicitado intervenir de manera virtual por razones médicas. A propuesta del oficialismo, ambos pedidos fueron girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo que ninguno pudo participar de la sesión.
Otro de los momentos destacados del arranque fue la intervención del senador libertario Joaquín Benegas Lynch, quien respondió a las críticas de Unión por la Patria luego de que se cuestionara un presunto conflicto de intereses por su actividad empresarial vinculada al mercado inmobiliario rural.
El legislador defendió su participación y afirmó: “¿Mi banca tiene un conflicto de interés o un nivel de representatividad muy alta? Yo me quedo con lo segundo”, al sostener que representar sectores productivos forma parte de la función parlamentaria.
Desalojos, expropiaciones y manejo del fuego, en el centro del debate
Superada la discusión inicial, el Senado comenzó el tratamiento de los capítulos restantes del proyecto, considerados prioritarios por el Gobierno.
Uno de los puntos más relevantes modifica el Código Civil y Comercial para ampliar las herramientas judiciales en materia de desalojos. La propuesta permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo afectado pueda solicitar la restitución inmediata de un inmueble cuando el juez considere verosímil el planteo. Al mismo tiempo, establece un plazo de hasta diez días para ofrecer una solución habitacional cuando existan menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa también introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego, al eliminar las restricciones que impedían modificar durante décadas el uso de terrenos afectados por incendios forestales. Para el oficialismo, la reforma busca corregir normas aprobadas durante la gestión anterior; mientras que la oposición advierte que podría facilitar emprendimientos inmobiliarios sobre áreas incendiadas.
En materia de expropiaciones, el proyecto propone una interpretación más restrictiva del concepto de utilidad pública, incorpora criterios para indemnizar el lucro cesante y fija un límite máximo de 90 días para las ocupaciones temporarias anormales.
Además, crea el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, organismo que administrará una Ventanilla Única Federal destinada a unificar trámites registrales en todo el país.
Durante el debate también surgieron nuevos cuestionamientos desde la oposición. El jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, solicitó que el proyecto regresara a comisión al advertir diferencias entre el texto originalmente dictaminado y la versión distribuida a los senadores antes del inicio de la sesión.
