La tensión política escaló en el Congreso tras la designación de nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN). El bloque PRO denunció que el procedimiento fue inconstitucional, cuestionó un acuerdo entre el oficialismo libertario y el kirchnerismo y confirmó que acudió a la Justicia para frenar lo que calificó como un “atropello institucional”.
El conflicto se desató luego de que se avanzara con la designación de Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, ex diputada vinculada políticamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Según el esquema previsto, los siete auditores que deben ser nombrados por el Congreso —tres por Diputados y cuatro por el Senado— deberían asumir en un acto conjunto. Sin embargo, la disputa política aceleró los tiempos y derivó en una votación que el PRO considera irregular.
Desde el espacio que conduce Mauricio Macri sostienen que los libertarios incumplieron compromisos previos y avanzaron con una maniobra que ya contaba con los votos necesarios antes de llegar al recinto. En ese contexto, el bloque decidió retirarse de la sesión y denunciar públicamente la situación.
Acusaciones de inconstitucionalidad y retiro del recinto
En su postura oficial, el PRO afirmó que permanecer en el recinto, incluso votando en contra, habría significado legitimar un acto viciado de nulidad absoluta. Según explicaron, la votación se realizó sin respetar los procedimientos parlamentarios básicos y con el resultado definido de antemano por un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo.
“El retiro no fue para facilitar la votación, sino para no convalidar una decisión abiertamente inconstitucional”, señalaron desde el bloque. Además, remarcaron que el tratamiento se dio sin transparencia y sobre un tema que no estaba habilitado formalmente en la convocatoria a sesiones extraordinarias.
El amparo judicial y los cuestionamientos al procedimiento
El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, avanzó con una acción judicial para que se declare la nulidad de lo actuado. El recurso de amparo, patrocinado por la abogada Tiziana Díaz, expone una serie de irregularidades en el trámite parlamentario que derivó en la designación de los auditores.
Según el documento presentado ante la Justicia, la moción se realizó sin informe de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos y sin acuerdo de Labor Parlamentaria. Además, se sostiene que no se cumplieron las formalidades necesarias para habilitar el tratamiento ni para aprobar las designaciones.
Desde el PRO insistieron en que no serán cómplices de acuerdos cerrados a espaldas de la sociedad ni de decisiones que vulneren el funcionamiento institucional del Congreso. La disputa ahora quedó en manos de la Justicia, mientras el conflicto político por el control y la legitimidad de la AGN suma un nuevo capítulo de alto voltaje.
