A contrarreloj y con el calendario legislativo en marcha, el Gobierno nacional decidió no avanzar con el proyecto original de baja de imputabilidad que había enviado el lunes al Congreso y remitir uno nuevo que corrige el punto más sensible del debate: la edad mínima para la punibilidad.
La decisión se tomó a un día de dictaminar en comisiones y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados. El nuevo texto establece que la imputabilidad comenzará a los 14 años, y no a los 13, como figuraba en la versión inicial, en línea con el consenso alcanzado previamente con bloques opositores aliados.
“Hubo una desinteligencia. No se va a retirar el proyecto, lo van a volver a mandar con 14. Pero sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, aseguró una fuente del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
La hoja de ruta en el Congreso
El oficialismo mantiene intacta la estrategia parlamentaria. Para llegar al recinto el jueves, primero deberá constituir las comisiones clave que tratarán la iniciativa.
- Comisión de Familias, Niñez y Juventudes: se formalizará a las 10 y estará presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores (LLA).
- Comisión de Justicia: se conformará a las 11 y quedaría bajo la conducción del correntino Lisandro Almirón (LLA).
La reunión conjunta de comisiones está prevista para el miércoles a las 11 e incluirá, además, a Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. Si el cronograma se cumple, la sesión en Diputados se realizará el jueves cerca del mediodía.
Qué cambia el nuevo proyecto
Más allá de la corrección en la edad, el texto incorpora una fuerte novedad presupuestaria. En el artículo 51 se establece una asignación total de $23.739.155.303,08 para implementar el nuevo régimen.
Los fondos se distribuirán entre el Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación, y el proyecto habilita acuerdos entre la Nación y las provincias para enviar partidas específicas, incluso destinadas a la construcción de nuevas instalaciones.
Este punto fue clave en la negociación interna y externa. En versiones anteriores, el financiamiento quedaba sujeto a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que generaba dudas sobre la viabilidad real de la ley.
El consenso político y los límites del régimen
La edad de 14 años fue el eje del acuerdo con sectores opositores cercanos al Gobierno, como el PRO y la UCR. Dentro del oficialismo hubo posturas que impulsaban bajarla a 13, pero finalmente prevaleció el consenso.
“Ese fue el consenso”, remarcaron desde los bloques aliados al Ejecutivo.
El proyecto replica el espíritu del dictamen del año pasado: establece un régimen penal juvenil diferenciado del adulto, sin reclusión perpetua, y fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. En la iniciativa anterior, ese tope llegaba a 20 años.
