El Gobierno nacional presentó este jueves un recurso extraordinario de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para que intervenga de manera directa en el conflicto por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de más de 80 artículos clave de la ley. La medida fue impulsada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, luego de que un fallo judicial frenara parcialmente la aplicación de la norma.
El recurso busca que el máximo tribunal tome el caso sin esperar instancias intermedias y resuelva de manera urgente la validez de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, cuestionada judicialmente por la CGT.
Un fallo judicial que frenó la reforma
La presentación del Ejecutivo apunta directamente contra la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Horacio Ojeda, quien a fines de marzo dictó una medida cautelar que suspendió 83 artículos de la ley con alcance general.
La acción judicial había sido iniciada por la CGT, que planteó la inconstitucionalidad de varios puntos de la reforma por considerar que afectan derechos laborales adquiridos, la libertad sindical y el principio de progresividad en materia social.
Desde el Gobierno cuestionaron la decisión judicial y sostuvieron que el tribunal laboral carece de competencia para intervenir en una norma de alcance nacional. En el escrito presentado, remarcaron que la sentencia fue dictada sin que exista un caso judicial concreto ni una legitimación colectiva válida.
Además, el recurso solicita que se suspendan los efectos de la cautelar mientras la Corte analiza el fondo de la cuestión.
La estrategia del Ejecutivo para acelerar la definición
El per saltum es una herramienta excepcional que permite llevar un caso directamente a la Corte Suprema, evitando las instancias de apelación intermedias, cuando se considera que existe gravedad institucional o necesidad de una resolución urgente.
En ese sentido, desde la Procuración del Tesoro explicaron que “el recurso extraordinario federal por salto de instancia participa de los caracteres específicos del recurso de apelación”, al tiempo que destacaron la necesidad de que el máximo tribunal unifique criterios frente a un conflicto que ya se replica en distintos juzgados.
La ofensiva judicial del Ejecutivo se da en medio de una fuerte disputa con sectores sindicales y jurídicos en torno a la reforma laboral, una de las principales iniciativas del Gobierno en materia económica.
Ahora, la definición queda en manos de la Corte Suprema, que no tiene plazos establecidos para resolver el planteo, pero cuya decisión será clave para el futuro de la normativa y el alcance de los cambios en el mercado de trabajo argentino.
