El Gobierno de Javier Milei impulsa en Argentina una nueva estrategia para mejorar los ingresos de los trabajadores y recuperar el consumo, con una propuesta que busca llevar los salarios más bajos de los convenios colectivos hasta un piso de $1.070.000 brutos mediante bonos o sumas fijas no remunerativas, en el marco de las próximas paritarias y antes de la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. La iniciativa, analizada entre funcionarios nacionales y dirigentes de la CGT, apunta a sostener el límite de aumentos del 2% mensual y, al mismo tiempo, evitar que el mayor costo laboral se traslade a los precios.
La propuesta representa un movimiento particular del Gobierno en materia salarial. Aunque la Casa Rosada mantiene su esquema de referencia para las paritarias, comenzó a explorar mecanismos que permitan mejorar el ingreso de bolsillo de los trabajadores que se encuentran en las categorías más bajas.
La alternativa consiste en incorporar bonos o sumas fijas de carácter no remunerativo para complementar los incrementos porcentuales acordados en las negociaciones colectivas.
De esta manera, el Ejecutivo busca que los salarios brutos de las categorías inferiores puedan alcanzar los $1.070.000, equivalentes a unos $860.000 de bolsillo, según la información difundida sobre las conversaciones reservadas entre funcionarios y representantes sindicales.
El objetivo oficial es que esta herramienta permita recomponer parcialmente los ingresos sin modificar el esquema de aumentos que el Gobierno pretende homologar.
La iniciativa tampoco implicaría un desembolso directo del Estado. El incremento surgiría de los acuerdos entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresariales, mientras que las sumas adicionales tendrían carácter no remunerativo y, por lo tanto, no generarían aportes a la seguridad social.
Los sectores alcanzados y la respuesta de la CGT
El esquema apunta especialmente a actividades donde las categorías iniciales tienen ingresos considerablemente inferiores al costo de vida. Entre los sectores que podrían verse alcanzados aparecen textiles, trabajadores rurales, metalúrgicos, industria del calzado, construcción, gastronomía y maestranza, entre otros.
En muchos de estos casos, los salarios brutos de las categorías más bajas se ubican entre $800.000 y $1.000.000, por debajo del valor de referencia de la canasta básica total.
Por eso, la propuesta aparece estrechamente vinculada con uno de los principales reclamos de la CGT: que los salarios recuperen poder adquisitivo y puedan superar la línea de pobreza.
La central obrera, sin embargo, recibió la iniciativa con cautela y dejó en claro que considera insuficiente el monto planteado por el Gobierno.
“No hubo negociación alguna”, señalaron desde el sindicalismo al diario Clarín, al referirse a la posibilidad de que exista un acuerdo cerrado con la CGT.
Además, desde la central remarcaron que el piso salarial debería partir del valor de la canasta básica total, que en julio alcanzó los $1.564.000 para una familia, y no de los $1.070.000 propuestos para los salarios más bajos.
El contrapunto se produce además en un contexto de pérdida de poder adquisitivo. De acuerdo con los últimos datos mencionados del INDEC, los salarios privados registrados aumentaron 1,9% en junio y quedaron 3,6% por debajo, en términos reales, del nivel de noviembre de 2023.
A eso se suma el fuerte crecimiento de la morosidad y la preocupación oficial por la debilidad del consumo. La estrategia del Gobierno busca así combinar distintas herramientas para reactivar la demanda sin recurrir a una expansión directa del gasto público.
La discusión tendrá otro capítulo clave con la reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, convocada para este viernes. El salario mínimo vigente fue establecido en $376.600 mensuales, un nivel que quedó muy por debajo de las necesidades de un trabajador y que representa uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.
El encuentro se desarrollará además en un clima de tensión, ya que las centrales obreras cuestionaron que la reunión se realice de manera virtual y reclamaron una instancia presencial.
En paralelo, la administración de Milei busca evitar que la discusión salarial se convierta en un nuevo factor de presión inflacionaria. Por eso, mantiene el 2% mensual como referencia para los aumentos porcentuales, pero abre la puerta a complementos no remunerativos que permitan mejorar los ingresos de los trabajadores con menores salarios.
