En un nuevo revés político para la Casa Rosada, el Senado rechazó este jueves 4 de septiembre el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en el área de Discapacidad. Con 63 votos a favor y apenas 7 en contra, la oposición consiguió que el proyecto vuelva a tener plena vigencia y, en consecuencia, deba ser promulgado por el Poder Ejecutivo.
La norma, aprobada previamente por amplia mayoría en ambas cámaras, amplía presupuestos para asistir a personas con discapacidad y mejora los ingresos de los profesionales que las acompañan. La votación fue un duro golpe para el oficialismo, que solo pudo retener el respaldo de la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y del libertario Francisco Paoltroni, alineado en bloque con la administración de Javier Milei.
Se trata de un hecho histórico: desde el 12 de marzo de 2003, durante el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, que el Congreso no rechazaba un veto total de un presidente.
El alcance de la ley
La legislación establece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Contempla una actualización retroactiva de las prestaciones para compensar la inflación desde 2023 y prevé un costo fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Entre los puntos centrales figuran:
- Pensiones por invalidez: 200 mil beneficiarios pasarán a percibir el 70% del haber mínimo jubilatorio y podrán trabajar mientras no superen dos salarios mínimos.
- Deuda con prestadores: el Estado deberá saldarla y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, siguiendo los índices del INDEC.
Cruces en el recinto
El debate estuvo marcado por fuertes discursos opositores. La senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri advirtió que “la libertad no es abandonar a los argentinos” y reclamó que se auditen las pensiones “con gestión y humanidad, no con la motosierra”.
El radical Maximiliano Abad calificó el veto como “atónito” y señaló que “no hay contradicción entre cuidar las cuentas públicas y garantizar derechos básicos”.
Desde el kirchnerismo, Eugenia Duré acusó a Milei de ser “el presidente más cruel desde 1983”, mientras que Eduardo “Wado” De Pedro lo tildó de “bruto” y “cínico”.
En soledad, Álvarez Rivero defendió al Gobierno y cuestionó a la oposición: “¿Cómo les está yendo en el plan de desestabilizar al Gobierno? No necesitamos emergencias ni más leyes, necesitamos gestión”.
El jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, evitó finalmente tomar la palabra, como ya lo había hecho en sesiones previas.
Sesión caliente y caso Spagnuolo de fondo
El inicio del debate estuvo atravesado por cuestiones de privilegio vinculadas al escándalo por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que salpican a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al operador presidencial Eduardo “Lule” Menem.
La senadora Carolina Moisés cuestionó la cautelar del juez Alejandro Maraniello, que restringe la difusión de los audios, mientras que el kirchnerista Carlos Linares pidió disculpas por las acusaciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre un supuesto espionaje “ruso-venezolano” detrás de las filtraciones.
El senador Martín Lousteau ironizó sobre esa hipótesis, mientras que el jefe del interbloque peronista, José Mayans, comparó el caso con el Watergate y reclamó el juicio político a Bullrich e interpelación a Karina Milei.
La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje oficial de Milei a Estados Unidos.
