El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, presentó en las últimas horas una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el presunto delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 248 del Código Penal argentino.
La presentación se basa en declaraciones públicas recientes del propio Milei, quien afirmó: “Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa”.
Para Dalbón, esta frase no constituye una mera opinión política, sino la admisión explícita de un acto de poder ilegal, violatorio del orden constitucional y de la división de poderes.
“Cuando un presidente dice que él decidió encarcelar a una dirigente opositora, confiesa la existencia de lawfare y se arroga una facultad que sólo le corresponde al Poder Judicial”, expresó el abogado.
Violación a la Constitución y uso político de la Justicia
En su denuncia, Dalbón argumenta que Milei habría incurrido en una violación al artículo 109 de la Constitución Nacional, que impide al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales, interferir en causas o atribuirse decisiones propias de los tribunales.
Además, sostiene que las declaraciones presidenciales encajan en lo previsto por el artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, que habilita la revisión de sentencias firmes cuando se comprueba que fueron dictadas bajo presiones indebidas o mediante prueba ilegítima.
“El propio presidente reconoció que la sentencia contra Cristina fue influida políticamente. Es una prueba inapelable de que hubo una persecución judicial organizada desde el poder”, afirmó Dalbón, quien calificó la frase de Milei como una “confesión de lawfare en estado puro”.
¿Cristina Kirchner, presa política?
El abogado también advirtió que las declaraciones presidenciales no solo comprometen la legalidad de las causas judiciales contra Cristina Kirchner, sino que refuerzan la tesis de que la exmandataria es una presa política.
“El presidente no sólo avaló el uso del Código Penal como herramienta de persecución política, sino que reconoció su participación directa en ese mecanismo. En cualquier país serio, esto bastaría para abrir un juicio político inmediato”, sostuvo Dalbón.
Un sistema judicial bajo sospecha
La denuncia también apunta a la complicidad entre sectores del Poder Judicial, el Ejecutivo y los medios de comunicación. Se menciona la participación de jueces y fiscales “que jugaban al fútbol con Macri”, la famosa frase “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”, y un entramado que, según Dalbón, construyó una narrativa penal contra la principal figura de la oposición.
“Esto demuestra que el lawfare fue real, que hubo una coordinación entre poderes para perseguir judicialmente a una dirigente política, y que esa maquinaria sigue funcionando con total impunidad”, advirtió.
¿Qué puede pasar ahora?
La denuncia busca no solo sancionar penalmente al Presidente por sus declaraciones, sino también abrir la puerta a la revisión judicial de las causas contra Cristina Kirchner y, eventualmente, a la anulación de sentencias firmes dictadas bajo influencia política.
En el plano institucional, si prospera, la denuncia podría derivar en un pedido de juicio político contra Milei por violación de la Constitución y abuso de poder.
Dalbón concluyó que su objetivo es “pulverizar el lawfare y abrir todas las causas necesarias contra los funcionarios, jueces, fiscales y periodistas que hayan participado de esta estrategia de persecución”.
