El Gobierno de Javier Milei inició un proceso de auditoría sobre más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país.
La medida, establecida mediante la Resolución N° 187/2025 del Poder Ejecutivo, busca garantizar que los beneficios se ajusten a los criterios legales vigentes y corregir las graves anomalías detectadas en el sistema.
Las auditorías presenciales estarán a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, a cargo del abogado Diego Spagnuolo y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que comanda el médico pediatra Esteban Leguízamo.
En total son 1.013.400 de esas pensiones especiales. El objetivo, explicó Adorni, es darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten.
