La Argentina rechazó la caracterización del Reino Unido sobre el arbitraje iniciado ante la CONVEMAR por la explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas y defendió su decisión de recurrir a un tribunal internacional para resolver la controversia. La respuesta se conoció luego de que el Gobierno británico calificara la presentación argentina como un intento de “socavar” los derechos y los medios de vida de los habitantes de las islas.
En un comunicado, la Cancillería sostuvo que recurrir a un tribunal internacional imparcial constituye un mecanismo previsto por el derecho internacional y remarcó que Argentina y el Reino Unido son Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
La respuesta argentina al planteo británico
El Gobierno argentino señaló que ambos países aceptaron los procedimientos de solución de controversias previstos en la Parte XV de la CONVEMAR y consideró que acudir al arbitraje representa el cumplimiento de una obligación asumida por los dos Estados.
En ese sentido, rechazó la interpretación británica y sostuvo que el recurso argentino “no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino preservar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”.
El comunicado también respondió a las declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien sostuvo que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas por el Reino Unido en el área se realizan de acuerdo con el derecho internacional y la CONVEMAR.
Frente a ese planteo, Argentina afirmó que “si el Reino Unido está realmente convencido de ello, nada tiene que temer de un tribunal”, al tiempo que destacó que la propia Convención contempla el mecanismo arbitral.
La Argentina también manifestó su confianza en el tribunal arbitral y en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que deberán intervenir dentro de sus respectivas competencias.
Soberanía, recursos naturales y diálogo
El Gobierno argentino vinculó además la controversia con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cuestión Malvinas. Recordó especialmente la Resolución 2065 y la Resolución 31/49, que instó a ambas partes a evitar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones mientras permanezca abierto el proceso de negociación.
En ese marco, sostuvo que “la exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral”.
La Cancillería también rechazó la aplicación del principio de autodeterminación invocado por el Reino Unido y reafirmó el compromiso argentino con el respeto por el modo de vida de los habitantes de las islas.
Finalmente, el Gobierno reiteró su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la cuestión Malvinas y aseguró que continuará defendiendo sus derechos mediante el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional.
El contrapunto se produce después de que Argentina iniciara el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR para intentar impedir la explotación del proyecto petrolero Sea Lion, mientras que el Reino Unido sostiene que las actividades hidrocarburíferas se encuentran amparadas por la legislación de las islas y el derecho internacional.
