La Argentina presentó este miércoles su alegato final ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, y pidió medidas cautelares urgentes para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes frente a las Islas Malvinas. En la segunda y última jornada de audiencias, la delegación nacional cuestionó la explotación unilateral de hidrocarburos en un área bajo disputa de soberanía y advirtió que el inicio de las perforaciones podría provocar daños irreversibles antes de que se resuelva el conflicto.
El jurista argentino Marcelo Gustavo Kohen sostuvo que Malvinas continúa siendo un territorio pendiente de descolonización en Naciones Unidas y recordó que la controversia también comprende los espacios marítimos que rodean al archipiélago.
Durante su exposición, cuestionó que el Reino Unido evitara referirse a la disputa de soberanía y describió esa actitud como “el elefante en la habitación”. Incluso ironizó: “Me atrevería a afirmar que la parte británica no ve la ballena en la bañera”.
Kohen también invocó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe la controversia.
Sea Lion y el riesgo de un daño irreversible
Uno de los principales argumentos argentinos estuvo centrado en la urgencia de impedir que avance la explotación petrolera. El jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver advirtió que, una vez iniciada la perforación, será muy difícil preservar la situación actual.
“Una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”, afirmó. Y agregó: “Si no es ahora, nunca lo será”.
El proyecto Sea Lion está a cargo de la petrolera israelí Navitas, con una participación del 65%, y de la británica Rockhopper Exploration, con el 35%. El plan contempla extraer más de 300 millones de barriles de petróleo durante tres décadas, mediante hasta 26 pozos y un sistema de producción instalado en el lecho marino.
Schrijver sostuvo que la extracción de un recurso no renovable y la modificación de la plataforma continental podrían generar consecuencias permanentes. “Ese daño es irreparable”, remarcó, al señalar que una decisión judicial posterior no podría revertir los efectos de la explotación.
La Argentina también alertó sobre posibles derrames de petróleo que podrían alcanzar sus aguas en un plazo de 30 días y planteó su preocupación por la respuesta ante una eventual emergencia ambiental. Según la delegación, el país debería participar en las tareas de protección y preservación del medio marino.
Las cuatro medidas que reclama la Argentina y la respuesta británica
El asesor legal de la Cancillería, Mario Oyarzábal, reiteró la disposición argentina a reanudar las negociaciones bilaterales con Londres para resolver todos los aspectos de la disputa.
“La República Argentina reafirma su firme voluntad de reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido”, sostuvo.
Ante el Tribunal, Buenos Aires solicitó cuatro medidas: impedir el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion; prohibir el uso de información obtenida durante la exploración; garantizar la participación argentina en la protección del medio marino y exigir al Reino Unido que se abstenga de adoptar nuevas decisiones que agraven el conflicto.
Londres rechazó la intervención del TIDM al considerar que el tribunal no tiene competencia para resolver una controversia vinculada con la soberanía territorial. Además, defendió el derecho de los habitantes de las islas a explotar sus recursos naturales y sostuvo que el proyecto se desarrolla bajo la legislación local.
El Reino Unido también negó que exista una urgencia que justifique las medidas provisionales. Afirmó que las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027 y que la producción efectiva no se iniciaría hasta 2028. Sobre el impacto ambiental, aseguró que los estudios del proyecto calificaron como bajos los riesgos de alteración del lecho marino.
La decisión del Tribunal podría conocerse en los próximos días. Para la Argentina, el objetivo es evitar que la explotación avance mientras sigue abierta la disputa y preservar los derechos que reclama sobre los recursos naturales de la plataforma continental. El planteo no busca que el TIDM resuelva la soberanía de Malvinas, sino que adopte medidas urgentes para impedir que una actividad unilateral consolide una situación irreversible.
