La Argentina inició este martes 10 de noviembre una batalla jurídica inédita contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania. El Gobierno de Javier Milei busca que la Justicia internacional ordene suspender el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, ante el riesgo de que la explotación de hidrocarburos consolide hechos irreversibles en una zona cuya soberanía permanece en disputa.
Las audiencias comenzaron a las 6 de la mañana, hora argentina, con la participación de las delegaciones de ambos países. Se trata de la primera vez que la Argentina lleva al Reino Unido ante este tribunal para intentar detener actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.
El planteo no apunta a resolver la cuestión de fondo sobre la soberanía de las islas, sino a conseguir medidas provisionales que impidan que las operaciones petroleras avancen mientras se desarrolla el procedimiento arbitral.
Qué reclama la Argentina y cuál es el argumento contra Sea Lion
La presentación argentina solicita que el Reino Unido no inicie ni continúe las actividades de explotación petrolera en la zona. También reclama que se abstenga de utilizar información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que respete las obligaciones de protección ambiental y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la controversia.
La delegación sostiene que la extracción de un recurso no renovable podría provocar un daño difícil de revertir. En ese sentido, advierte que una eventual sentencia posterior no permitiría recuperar el petróleo extraído ni deshacer las consecuencias de una explotación que considera ilegítima.
El argumento jurídico se apoya, entre otros fundamentos, en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La primera reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llamó a negociar una solución. La segunda instó a ambas partes a evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso de diálogo.
El proyecto Sea Lion es impulsado por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El área se encuentra aproximadamente a 198 kilómetros al norte de las Malvinas y comprende unos 541 kilómetros cuadrados. Las empresas proyectan iniciar las perforaciones a comienzos de 2027 y comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028.
La delegación argentina está encabezada por María Ibarzabal, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, y cuenta con representantes de Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro. Entre los especialistas que participan de la estrategia jurídica se encuentra el embajador Mario Oyarzábal y el jurista Marcelo Kohen.
Qué puede decidir el Tribunal del Mar y cuáles son los escenarios
Durante las audiencias, los jueces deberán analizar si existe jurisdicción prima facie, si la urgencia justifica una intervención y si las medidas solicitadas por la Argentina resultan proporcionales.
El Reino Unido rechazó previamente el planteo argentino y cuestiona la posibilidad de que el organismo intervenga en la controversia. La Cancillería calificó esa respuesta como “una mera repetición de argumentos previamente planteados”.
La resolución puede abrir tres escenarios. El primero sería que el Tribunal acepte todas las medidas y ordene frenar las actividades petroleras. También podría conceder solo una parte de las restricciones solicitadas o rechazar el pedido si considera que no se cumplen los requisitos para intervenir.
Una eventual decisión favorable a la Argentina tendría carácter obligatorio para el Reino Unido. Sin embargo, no resolvería la disputa de soberanía sobre las Malvinas: su alcance sería provisional, hasta que el tribunal arbitral encargado de analizar el fondo del conflicto pueda intervenir.
El antecedente más relevante para la Argentina es el caso de la fragata ARA Libertad, cuando el Tribunal del Mar ordenó su liberación inmediata e incondicional tras haber sido retenida en Ghana. También existe un precedente en la disputa marítima entre Ghana y Costa de Marfil, en el que se dispusieron restricciones a nuevas perforaciones en un área en conflicto.
