La Fiscalía de Paraguay imputó este sábado 7 de noviembre de 2026 al expresidente Santiago Peña y al ex titular del Banco Central Carlos Dagoberto Carvallo por presuntas irregularidades vinculadas con la colocación de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank. En el marco de la causa penal 92/2026, los investigadores solicitaron la prisión preventiva de ambos y medidas para identificar y preservar sus patrimonios.
La presentación fue realizada por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vóster, Elena Fiore Franco y Ruth Karina Benítez. La investigación busca determinar si existieron maniobras que perjudicaron recursos estatales y previsionales, además de posibles irregularidades en los mecanismos de supervisión y control de la entidad bancaria.
A Peña le atribuyen, de manera provisoria, lesión de confianza en calidad de instigador y administración en provecho propio como autor. En tanto, Carvallo fue imputado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en todos los casos como supuesto autor.
Los fondos públicos bajo investigación
Según la hipótesis fiscal, entre 2023 y 2026 Ueno Bank recibió importantes depósitos de organismos estatales y entidades previsionales, mientras habría concretado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentarían irregularidades.
Un informe de la Dirección General del Tesoro Público indicó que, a septiembre de 2026, los depósitos de organismos públicos en la entidad alcanzaban aproximadamente 3,6 billones de guaraníes y 233,4 millones de dólares.
En el caso de Peña, los investigadores analizan su presunta intervención en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de esos fondos en el banco. También incorporaron antecedentes sobre su participación accionaria en Ueno Holding, operaciones posteriores con esos títulos y reuniones con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS).
Respecto de Carvallo, la pesquisa apunta a su desempeño en los procesos de autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank, así como a su anterior vinculación con Financiera Ueno. Además, se examina una comunicación enviada al Senado el 7 de octubre de 2026 que, según la Fiscalía, tendría diferencias con informes técnicos del Banco Central.
Pedido de prisión preventiva y medidas sobre los bienes
Además de solicitar la prisión preventiva, los fiscales requirieron la inhibición general de enajenar y gravar bienes de los imputados. También pidieron identificar cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros, junto con inmuebles, vehículos y participaciones societarias.
La investigación incorporó informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, testimonios y documentación financiera. Con esos elementos, el Ministerio Público buscará establecer si existió una afectación de recursos públicos y previsionales y cuál habría sido la responsabilidad de cada involucrado.
