La crisis financiera de Ueno Bank abrió un fuerte conflicto político en Paraguay. Este jueves 5 de noviembre de 2026, la Cámara de Diputados fue convocada a una sesión extraordinaria para tratar los pedidos de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, impulsados por legisladores opositores que cuestionan la relación del mandatario con la entidad intervenida por el Banco Central y reclaman responsabilidades por el deterioro de su situación financiera.
La diputada opositora Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida, defendió la necesidad de que Peña deje el poder y sostuvo que la crisis provocó una pérdida de confianza que excede el problema económico. “El presidente debe irse porque se ha perdido la confianza en él”, afirmó.
La legisladora fue más contundente al explicar su postura: “Ya no se trata de dinero, se trata de confianza”. Y agregó: “Genuinamente, desde el corazón, creo que Santiago Peña se tiene que ir para que vuelva el equilibrio en este país”.
La intervención de Ueno Bank y el vínculo con Peña
El Banco Central del Paraguay dispuso la resolución de Ueno Bank luego de detectar un deterioro de sus indicadores de solvencia. Entre las irregularidades señaladas, la autoridad monetaria mencionó créditos otorgados a empresas vinculadas al propio grupo empresarial por encima de los límites permitidos.
El caso adquirió una dimensión institucional porque Peña había sido accionista del grupo empresario relacionado con el banco hasta abril de 2025. La intervención dejó a cientos de miles de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos y también comprometió fondos públicos que organismos estatales mantenían en la entidad.
El Banco Central aseguró que los depósitos están garantizados hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, unos 38.300 dólares. Sin embargo, la incertidumbre de los ahorristas y las consecuencias sobre la confianza en el sistema financiero alimentaron el reclamo opositor.
El presidente de Ueno y otros directivos fueron detenidos e imputados por presuntos delitos, entre ellos lesión de confianza.
Los votos y el futuro político del Gobierno
La oposición y los sectores disidentes del Partido Colorado reúnen 35 diputados que respaldan los pedidos. Para iniciar la sesión se necesitan al menos 41 legisladores presentes y, para aprobar el juicio político, dos tercios de los integrantes presentes.
Con el quórum mínimo, serían necesarios 27 votos favorables. Si asisten los 78 diputados, el número requerido ascendería a 52, según la composición legislativa mencionada durante el debate.
Vallejo advirtió que la jornada estará marcada por la tensión y reconoció que todavía no está claro cómo actuarán los legisladores oficialistas, especialmente después de una reunión mantenida con Peña en la residencia presidencial.
