El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó este jueves al exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero, en una causa que investiga una transferencia de USD 200.000 que recibió en 2020 y que estaría vinculada al empresario Federico “Fred” Machado. El magistrado también le impuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
La resolución representa un avance en una investigación que busca determinar el origen de los fondos recibidos por Espert mediante un pago atribuido a un contrato de asesoramiento para la empresa Minas del Pueblo, una compañía minera de Guatemala vinculada a Machado.
Mirabelli sostuvo en su resolución que, con el grado de certeza correspondiente a esta etapa del proceso, quedó acreditada la utilización por parte de Espert de los USD 200.000 cuyo origen la Justicia considera ilícito. El exdiputado, sin embargo, sostiene que se trató de un pago legítimo por una consultoría y anticipó que apelará el procesamiento ante la Cámara Federal de San Martín.
También fueron procesados su contador y una sociedad familiar
La medida judicial alcanzó además al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, a quien el magistrado consideró partícipe necesario del presunto lavado de dinero. Para él dispuso un embargo de $700 millones.
A su vez, la Justicia estableció un embargo de $500 millones sobre Varianza SA, una sociedad vinculada al entorno familiar del exdiputado.
La investigación se concentra en la transferencia realizada en 2020 y en la relación entre ese dinero y Federico “Fred” Machado, empresario investigado por delitos vinculados al lavado de activos y el narcotráfico. En agosto, la Justicia de Estados Unidos había declarado culpable a Machado por delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y fraude electrónico.
Espert presentó en agosto un descargo de 141 páginas y pidió su sobreseimiento. Allí sostuvo que el dinero correspondió a un contrato firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino.
“¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino”, había afirmado.
También defendió la trazabilidad de la operación: “El pago llegó a mi cuenta, con mi nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”.
El exdiputado aseguró además que el acuerdo no fue simulado y sostuvo que existen correos electrónicos, documentación notarial y testimonios que respaldan su versión. “Ya declararon tres testigos sobre ese contrato, que corroboran mi versión. ¿Saben cuántos hechos en mi contra aportaron? Cero. Ni uno”, sostuvo.
