El Gobierno de Javier Milei envió este jueves a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos e insulares sin autorización argentina. El texto fue firmado por Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo, y abre ahora una nueva etapa de discusión parlamentaria.
La iniciativa había sido anunciada por el Presidente el 3 de septiembre, en una cadena nacional en la que vinculó el proyecto con el avance del desarrollo petrolero Sea Lion. La Casa Rosada había anticipado entonces que buscaría ampliar las herramientas diplomáticas, económicas, jurídicas y de seguridad para defender el reclamo argentino.
La Oficina del Presidente definió el proyecto como “un hito en el proceso de recuperación” de las islas y como un avance destinado a fortalecer la posición argentina sobre la soberanía.
Qué cambia con el nuevo régimen
El proyecto propone reemplazar el esquema de la Ley 26.659, vigente desde 2011 y centrado en actividades hidrocarburíferas, por un régimen más amplio que abarque la explotación de recursos renovables y no renovables. La normativa actual ya prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina y contempla sanciones para empresas y quienes intervengan en esas operaciones.
Según el Gobierno, la nueva legislación se estructura sobre tres ejes: castigar a quienes exploten recursos de manera ilegítima, generar incentivos para que abandonen esas actividades y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas.
Entre las medidas anunciadas aparece el endurecimiento de las sanciones para empresas, accionistas, directivos y proveedores vinculados con proyectos no autorizados. El texto también incorpora penas más severas y contempla, en determinados casos, la posibilidad de juicio en ausencia.
El alcance del proyecto excede además al petróleo. La propuesta busca incluir otras actividades relacionadas con recursos naturales en las islas y en los espacios marítimos correspondientes. Ese punto amplía el campo de aplicación respecto de la legislación de 2011.
Un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar al Estado
Otro de los ejes centrales es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, bajo la conducción de un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar áreas que hoy funcionan en distintos ámbitos del Estado.
El esquema incluirá a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, además de herramientas jurídicas y mecanismos para proteger infraestructura crítica, el espacio aeroespacial y los intereses estratégicos argentinos. La idea había sido anticipada por Milei durante su anuncio de septiembre.
El envío del proyecto se produce después de que el Gobierno iniciara procedimientos contra 60 personas y empresas vinculadas, según la Casa Rosada, con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en torno a Malvinas. La primera etapa alcanzó a 45 sujetos y luego se incorporaron otros 15.
Ahora comienza la discusión política en Diputados. La iniciativa llega a un Congreso donde la cuestión Malvinas genera coincidencias en torno al reclamo de soberanía, aunque ya existen diferencias entre oficialismo y oposición respecto de las herramientas concretas que debería utilizar el Estado.
