El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, advirtió que la economía atraviesa una etapa de transición particularmente compleja y reclamó al Gobierno mayor flexibilidad para evitar que el proceso de normalización termine profundizando la caída de la actividad y el empleo. En una entrevista con Antonio Laje en América 24, el dirigente industrial sostuvo que la Argentina necesita consolidar un nuevo modelo basado en las exportaciones, la inversión y el crédito, pero señaló que esos motores todavía no alcanzan para compensar el retroceso del consumo y las dificultades que atraviesan numerosas empresas.
Rappallini planteó que el país está dejando atrás un esquema en el que el Estado ocupaba un lugar central como impulsor de la economía y que ahora debe construir un sistema sustentado en el sector privado. Sin embargo, remarcó que el cambio no puede desconocer las condiciones en las que quedaron las empresas después de años de inflación, presión tributaria, restricciones y distorsiones.
“Estamos en un momento de transición”, explicó el titular de la UIA, al señalar que el desafío consiste en generar las condiciones para que aumenten la inversión, las exportaciones y el financiamiento. En ese contexto, consideró necesario que la evolución de los salarios esté vinculada con las mejoras de productividad.
El problema, según su diagnóstico, es que mientras el nuevo esquema comienza a consolidarse, buena parte del entramado productivo todavía debe afrontar las consecuencias del modelo anterior. La industria, sostuvo, aparece entre los sectores más golpeados porque debe reacomodar sus precios, enfrentar una menor demanda y, al mismo tiempo, soportar una elevada presión fiscal.
Para Rappallini, la respuesta no pasa por abandonar el rumbo económico, sino por construir un puente que permita atravesar la transición. En ese sentido, propuso medidas destinadas a sostener temporalmente el nivel de actividad, entre ellas mecanismos de devolución de IVA y alternativas de financiamiento que permitan reactivar la producción sin alterar los principios generales del programa económico.
También puso el foco en la morosidad y en las dificultades de acceso al crédito. Según explicó, el problema no afecta solamente a las empresas que tienen deudas, sino también a aquellas que necesitan financiamiento y encuentran dificultades para obtenerlo. En su análisis, el sistema bancario argentino tiene un volumen de crédito equivalente a apenas una parte reducida del Producto Bruto Interno, una situación que considera necesario revertir mediante un mayor desarrollo financiero.
Entre las alternativas planteadas por la UIA aparece la posibilidad de reducir los encajes bancarios para liberar fondos destinados al crédito. Rappallini destacó que una medida de ese tipo permitiría incrementar el financiamiento sin recurrir a la emisión monetaria.
El dirigente industrial también insistió en la necesidad de reducir la carga tributaria que soportan las empresas. Afirmó que la Argentina tiene una estructura impositiva que le resta competitividad frente a otros países de la región y propuso avanzar hacia un pacto fiscal federal que involucre a la Nación, las provincias y los municipios.
La idea, explicó, es que todos los niveles del Estado trabajen con un mismo objetivo: mejorar la competitividad de la producción argentina. En particular, reclamó revisar los tributos que inciden sobre los costos industriales y que dificultan que las empresas locales puedan competir en los mercados internacionales.
Rappallini señaló que la industria argentina llega a esta etapa con una estructura de costos elevada y recordó que la presión impositiva continúa siendo uno de los principales obstáculos. También sostuvo que, en el escenario actual, la caída de la actividad tiene incluso mayor impacto sobre las empresas que el problema estrictamente vinculado con la competitividad externa.
El presidente de la UIA respaldó además el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y valoró positivamente la reforma laboral aprobada durante este año. A su criterio, los cambios introducidos en materia laboral modifican de manera favorable las relaciones entre empresas y trabajadores.
Sin embargo, insistió en que las reformas estructurales deben ser acompañadas por políticas que permitan sostener la actividad durante el período de adaptación. “Hay que hacer el ajuste con crecimiento”, resumió, al remarcar que el nivel de actividad y el empleo deben formar parte de las variables centrales de cualquier estrategia económica.
“No podemos entrar en la lógica de que el problema es el empresario”
Uno de los momentos más contundentes de la entrevista se produjo cuando Rappallini fue consultado sobre las razones por las cuales los productos industriales argentinos llegaron a tener precios muy elevados durante los períodos de mayor protección de la economía.
El titular de la UIA reconoció que existió protección, pero también una fuerte acumulación de distorsiones. Según explicó, durante años las empresas tuvieron que desenvolverse en un sistema caracterizado por cambios permanentes, inflación, presión tributaria, conflictos laborales y elevados costos judiciales.
En ese escenario, sostuvo, las compañías desarrollaron distintas estrategias para sobrevivir. Algunas trasladaron los costos a los precios y otras recurrieron a mayores niveles de informalidad. Para Rappallini, no resulta razonable responsabilizar exclusivamente a los empresarios por las consecuencias de un sistema que durante años generó incentivos y reglas que considera inviables.
“Creaste un sistema que era inviable y después te enojás con el empresario que trata de sobrevivir”, planteó durante la entrevista.
En esa línea, rechazó lo que consideró una tendencia a responsabilizar al sector privado por todos los problemas de la economía. “El empresario es la solución”, afirmó, al defender el papel de las empresas como generadoras de inversión, empleo y riqueza.
Rappallini sostuvo que la Argentina lleva aproximadamente 15 años sin crecimiento sostenido y que, pese a los cambios producidos en distintos momentos, el nivel de impuestos continúa siendo elevado. Por eso consideró que la discusión debe dejar de concentrarse exclusivamente en la conducta empresarial y avanzar hacia una mirada integral sobre el funcionamiento de la economía.
Para el dirigente, una empresa termina trasladando a sus costos buena parte de las ineficiencias que existen alrededor de su actividad. La inflación, los conflictos laborales, los litigios, las interrupciones de la producción y las dificultades logísticas terminan repercutiendo sobre los precios finales.
En consecuencia, consideró que una parte importante del desafío consiste en elevar la productividad interna. El objetivo, dijo, debe ser que las empresas argentinas puedan fabricar productos con estándares internacionales de precio y calidad.
En ese punto también reclamó controles más efectivos sobre el dumping, el contrabando y la subfacturación, fenómenos que, según su visión, pueden afectar especialmente a las empresas locales durante la apertura comercial.
La construcción aparece, además, entre los sectores que el presidente de la UIA identifica como más afectados por la actual retracción. En el caso de la industria automotriz, señaló que la elevada carga impositiva continúa siendo un problema que la entidad viene planteando ante las autoridades.
Rappallini remarcó que no pretende volver al esquema económico anterior. Por el contrario, aseguró que su aspiración es que la Argentina pueda consolidar una economía “normal”, con inflación baja, mayor integración al mundo, reducción de impuestos, acceso al crédito, ahorro y un mercado de capitales desarrollado.
Pero advirtió que llegar a ese escenario demandará atravesar un proceso difícil. “Lo peor que nos puede pasar es volver atrás”, sostuvo, al defender la continuidad de las reformas y de la búsqueda del equilibrio fiscal.
El presidente de la UIA aseguró que mantiene diálogo con distintos niveles del Gobierno y que varias de las propuestas formuladas por la entidad están siendo analizadas. Mencionó como ejemplo la reprogramación de deudas impositivas, una medida que, según señaló, surgió de una propuesta de la propia organización industrial y posteriormente fue implementada por el Gobierno nacional.
También expresó preocupación por los embargos sobre empresas, porque pueden paralizar la actividad productiva justamente en un momento en que las compañías atraviesan una etapa de adaptación.
Rappallini explicó que mantiene trato con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el presidente Javier Milei, aunque señaló que su vínculo es especialmente frecuente con el titular del Palacio de Hacienda.
El mensaje que llevó a la entrevista fue, finalmente, un pedido de reconocimiento al sector productivo. El titular de la UIA sostuvo que los empresarios deben adaptarse a las nuevas reglas de juego, pero reclamó que durante esa transformación también se tenga en cuenta la realidad concreta de las empresas, el empleo y el nivel de actividad.
La apuesta de fondo, según su planteo, es que la Argentina pueda abandonar definitivamente las distorsiones acumuladas durante años sin provocar una destrucción innecesaria de su entramado productivo. Para eso, consideró imprescindible combinar equilibrio fiscal y estabilidad macroeconómica con medidas que permitan sostener a las empresas durante la transición.
La industria, afirmó, sólo podrá ser sustentable si consigue ser competitiva. Y para alcanzar ese objetivo no alcanza con modificar las reglas para las empresas: también será necesario transformar las condiciones generales en las que esas empresas producen, invierten, contratan y compiten.
“Cuando perdés la capacidad de transformación de un país, perdés la capacidad de generar riqueza”, advirtió Rappallini. Su planteo apunta así a una discusión que excede al sector industrial: cómo lograr que el proceso de reformas económicas desemboque en una economía capaz de crecer, generar empleo privado y competir internacionalmente sin repetir las distorsiones del pasado.
