El Senado debatirá este miércoles desde las 13 el dictamen del Súper RIGI en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversión Nacional y Legislación General, con la intención de llevar el proyecto al recinto el jueves 10 de septiembre; la iniciativa tendrá al menos dos modificaciones respecto de la media sanción de Diputados, por lo que deberá regresar a la Cámara de origen antes de convertirse en ley, mientras La Libertad Avanza intenta asegurarse las 25 firmas necesarias con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR y representantes provinciales.
Después de cuatro reuniones informativas, el oficialismo buscará cerrar el despacho que permita avanzar con una de las iniciativas centrales de su agenda económica. La quinta reunión tendrá como principal objetivo ordenar el texto y garantizar el acompañamiento necesario para que el proyecto avance.
La estrategia de La Libertad Avanza parte de una realidad parlamentaria concreta: no cuenta con mayoría propia. Por eso debió aceptar modificaciones reclamadas por sectores aliados que, aunque acompañan el espíritu general del régimen, buscan introducir condiciones vinculadas con la protección de proveedores nacionales y el abastecimiento energético.
El resultado de esa negociación ya tiene una consecuencia institucional: el Súper RIGI deberá volver a Diputados.
Las comisiones que debatirán el proyecto están presididas por Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA). El oficialismo considera que, si no aparecen inconvenientes de último momento, podrá reunir las 25 firmas necesarias para emitir dictamen.
La intención es que el proyecto llegue al recinto el jueves 10 de septiembre, acompañado por otras iniciativas impulsadas por bloques aliados.
Los dos cambios que destrabaron la negociación
Uno de los principales cambios está relacionado con los proyectos de infraestructura tecnológica de enorme demanda energética, especialmente los data centers vinculados con inteligencia artificial.
Los bloques provinciales reclamaron que las empresas que adhieran al Súper RIGI para instalar este tipo de emprendimientos deban construir sus propias subestaciones eléctricas, con el objetivo de evitar que el crecimiento de su consumo termine trasladando presión sobre las redes provinciales o afectando el abastecimiento de otros usuarios.
La discusión no es menor. Los centros de datos requieren una enorme cantidad de energía y el Gobierno considera estratégicos estos proyectos para atraer inversiones de gran escala vinculadas con la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas industrias.
El segundo cambio apunta al desarrollo e integración de proveedores locales dentro de los proyectos alcanzados por el régimen.
El texto incorpora un plan de desarrollo de proveedores que deberá establecer un compromiso de contratación de empresas nacionales equivalente, como mínimo, al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta local disponible y en condiciones de mercado en materia de precio y calidad.
El reclamo empresario busca que esa protección se concentre particularmente en bienes efectivamente producidos en la Argentina. Durante una de las reuniones, Diego Leal, presidente del Departamento PyME y Desarrollo Regional de la UIA, respaldó una apertura comercial, pero pidió que el régimen contemple condiciones para evitar una competencia desigual.
“Hoy la industria es un sector transable que compite con el mundo y estamos a favor de una economía abierta, pero de forma inteligente”, sostuvo.
La discusión alrededor de los proveedores expone una tensión central del Súper RIGI: cómo atraer capitales de magnitud internacional sin que el régimen termine desconectado de la industria argentina.
El Gobierno busca generar condiciones excepcionales para inversiones que considera estratégicas. Los sectores aliados, en cambio, intentan incorporar mecanismos que garanticen algún derrame sobre la producción nacional.
La negociación, en definitiva, no cuestiona solamente un artículo del proyecto. Discute qué lugar ocuparán las empresas argentinas dentro del nuevo esquema de inversiones.
Un régimen pensado para inversiones de gran escala
El Súper RIGI establece un régimen especial para proyectos de al menos US$1.000 millones, con la obligación de alcanzar durante los dos primeros años inversiones en activos computables equivalentes, como mínimo, al 20% del monto total, es decir, unos US$200 millones.
La iniciativa busca ampliar el alcance del RIGI hacia actividades consideradas estratégicas o emergentes y contempla dentro de sus objetivos prioritarios el desarrollo de nuevas capacidades técnicas, científicas y tecnológicas que contribuyan a la consolidación de nuevas industrias en la Argentina.
Entre los sectores alcanzados aparecen los proyectos tecnológicos y de inteligencia artificial, además de actividades vinculadas con minerales críticos y otras inversiones de gran escala.
El régimen contempla un amplio paquete de incentivos. Entre ellos figuran beneficios en el Impuesto a las Ganancias, amortización acelerada de inversiones, utilización de créditos fiscales para cancelar IVA y contribuciones patronales, exenciones en derechos de importación y exportación y un tratamiento específico para la disponibilidad de divisas.
El proyecto también establece condiciones particulares para los quebrantos, los dividendos y determinadas obligaciones fiscales.
Otro elemento incorporado durante el debate es la creación de un Registro Público de Proyectos del Súper RIGI, que deberá tener carácter público y acceso libre.
Además, se estableció que las inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) vinculadas con los proyectos podrán computarse por el doble de su valor, aunque esa ponderación tendrá un límite equivalente al 20% del monto mínimo de inversión. El excedente se contabilizará por su valor nominal.
La definición de las denominadas “nuevas actividades económicas” quedará, en buena medida, en manos del Poder Ejecutivo, que deberá establecer por reglamentación criterios objetivos y parámetros mensurables.
El plazo para presentar solicitudes de adhesión será de cinco años desde la entrada en vigencia de la reglamentación, con la posibilidad de una única prórroga de hasta un año mediante un decreto fundado y acompañado por una evaluación previa sobre el desempeño del régimen.
La disputa por la energía y la industria nacional
El debate del miércoles tendrá como telón de fondo una discusión más amplia sobre el modelo económico que busca impulsar el Gobierno.
La intención oficial es atraer inversiones de enorme volumen con beneficios capaces de competir con otros mercados internacionales. Para La Libertad Avanza, ofrecer previsibilidad tributaria, aduanera y cambiaria resulta indispensable para conseguir capitales destinados a proyectos de gran escala.
Pero los bloques aliados introdujeron dos preguntas incómodas.
La primera es quién paga la infraestructura que necesitan las nuevas industrias para funcionar. La segunda es cuánto de la inversión que llegue al país quedará efectivamente en empresas argentinas.
En el caso de los data centers, la exigencia de subestaciones propias apunta a que los costos energéticos de estos emprendimientos no recaigan sobre las provincias.
En el caso de los proveedores, el objetivo es que una porción del gasto de los grandes proyectos se canalice hacia empresas locales cuando exista oferta en condiciones competitivas.
La discusión tampoco está exenta de diferencias dentro del propio oficialismo. Los cambios acordados con los bloques aliados generaron resistencia en sectores del Gobierno que consideran que una acumulación excesiva de requisitos podría reducir el atractivo del régimen.
El Senado prepara el dictamen y Diputados tendrá la última palabra
Si este miércoles el plenario consigue reunir las firmas necesarias, el proyecto avanzará hacia el recinto del Senado. La intención del oficialismo es tratarlo el 10 de septiembre.
Sin embargo, la Cámara alta no tendrá la última palabra.
Como se prevén modificaciones sobre la media sanción de Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara de origen. Allí se abrirá una nueva negociación para determinar si los legisladores aceptan los cambios introducidos por el Senado o si buscan insistir con el texto original bajo las condiciones que establece el procedimiento parlamentario.
