La Cámara de Diputados aprobó este miércoles 26 de agosto de 2026 el proyecto de Inocencia Fiscal II, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que busca ampliar el régimen vigente y facilitar la incorporación al circuito formal de ahorros que permanecen fuera del sistema financiero; la iniciativa obtuvo 139 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones y ahora será enviada al Senado. Según las estimaciones del oficialismo, existen entre USD 170.000 y USD 179.000 millones de ahorros no declarados que podrían volcarse a la economía y contribuir a la inversión.
El presidente Milei celebró al igual que con la media sanción de la Carta Orgánica del BCRA, y dijo: “INOCENCIA FISCAL II
Adentro…!!! Muchas gracias Diputados Nacionales por este nuevo paso en el camino hacia la LIBERTAD. VLLC!”.
La iniciativa representa una ampliación del régimen de Inocencia Fiscal implementado a fines de 2025 y modifica distintos aspectos del sistema tributario. El objetivo declarado por el Gobierno es reducir la presión sobre los contribuyentes, otorgar mayor previsibilidad y generar incentivos para que parte del dinero que permanece en la informalidad vuelva al circuito económico.
El proyecto elimina los límites de ingresos y patrimonio que establecía el régimen original y flexibiliza el concepto de “discrepancia significativa”, es decir, la diferencia entre la información declarada por una persona y los datos que pueda detectar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para cambiar la relación entre los contribuyentes y el Estado. La oposición, en cambio, sostuvo que las modificaciones reducen la capacidad de fiscalización y podrían facilitar la incorporación de fondos de origen no justificado.
Qué cambia con Inocencia Fiscal II
La diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría, sostuvo que el espíritu de la reforma es modificar la mirada del Estado sobre quienes tienen ahorros fuera del sistema formal.
“La ley lo que hace es una cuestión muy sencilla, pero revolucionaria, que es confiar más en el contribuyente que trabaja y paga sus impuestos, y no tomarlo como un sospechoso por el solo hecho de haberse protegido”, afirmó.
La legisladora vinculó esa situación con décadas de inflación y con el hábito de los argentinos de ahorrar en dólares. En ese sentido, cuestionó que quienes buscaron proteger sus ingresos hayan quedado bajo sospecha por mantener parte de sus recursos fuera del sistema bancario.
Rodríguez Machado también buscó diferenciar el nuevo régimen de una amnistía. “Es una presunción de inocencia, no se les perdona el delito, no es que no se los investiga”, remarcó.
Uno de los cambios incorporados durante el tratamiento establece, además, que los funcionarios públicos quedarán excluidos de los beneficios del régimen, mientras que continuarán vigentes las obligaciones vinculadas con las declaraciones juradas y las personas políticamente expuestas.
La diputada oficialista también destacó un alivio para determinados contribuyentes y empresas. Según explicó, “se van a reducir un 25% las multas formales y se estableció un régimen de excepción para aquellas multas vencidas que vuelvan a la formalidad en un 50%”.
El proyecto establece, de todos modos, determinadas exclusiones. Entre ellas aparecen los grandes contribuyentes, las personas jurídicas y quienes no tengan residencia fiscal en la Argentina, de acuerdo con lo expuesto durante el debate oficialista.
Para el Gobierno, el punto central es que una mayor formalización de los ahorros permita ampliar la actividad económica. La apuesta se conecta con la idea de que parte de los dólares que permanecen fuera del sistema puedan comenzar a utilizarse para consumo, inversiones, operaciones inmobiliarias o colocaciones financieras.
La oposición denunció que el proyecto reduce los controles
El rechazo opositor se concentró especialmente en el impacto que la reforma podría tener sobre las facultades de ARCA y sobre los mecanismos destinados a detectar fondos de origen irregular.
El diputado de Unión por la Patria Ariel Rauschenberger cuestionó que la iniciativa sea presentada únicamente como una simplificación tributaria y sostuvo que sus alcances son mucho mayores.
“Esto es un proyecto que plantea casi un blanqueo de dinero para operaciones inmobiliarias y una presión hacia la UIF para que modifique la normativa de lavado de activos”, afirmó.
Rauschenberger también cuestionó la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio. Según planteó, esa modificación amplía el universo de potenciales beneficiarios y permite que ingresen contribuyentes con una capacidad económica mucho mayor a la contemplada originalmente.
Uno de los puntos que generó mayor discusión fue la modificación de los mecanismos de fiscalización. El legislador opositor advirtió que se elevan las condiciones necesarias para considerar relevante una inconsistencia tributaria y que el plazo de prescripción pasaría de cinco a tres años en determinados casos.
“Se le restringen las facultades al ARCA y se elevan las barreras para que una inconsistencia sea considerada relevante”, sostuvo.
También alertó sobre las modificaciones vinculadas con el cruzamiento de información bancaria y la prevención del lavado de activos. En su interpretación, la participación del sistema financiero en una operación no necesariamente demuestra cuál fue el origen económico de los fondos.
Por su parte, la diputada de Provincias Unidas Mariela Coletta calificó la iniciativa como “inoportuna, desubicada, injustificada y perjudicial para las instituciones” y apuntó contra quienes, según su visión, podrían beneficiarse con el nuevo esquema.
“Este proyecto es de ‘obscenidad fiscal’ porque el otro no alcanzó a contentar a los amigos que tienen los dólares en el colchón”, cuestionó.
Coletta también vinculó el debate con el caso del exfuncionario Manuel Adorni y reclamó mayores niveles de transparencia respecto de quiénes ingresaron al régimen de Inocencia Fiscal durante su primera etapa.
Desde la izquierda, el diputado Nicolás del Caño fue todavía más duro y acusó al oficialismo de favorecer a grandes evasores. “Premia a los grandes evasores y busca garantizarles impunidad”, sostuvo durante su intervención.
El proyecto consiguió finalmente una mayoría de 139 votos positivos contra 110 negativos y dos abstenciones. El respaldo llegó de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales y aliados del oficialismo.
Con la media sanción obtenida en Diputados, Inocencia Fiscal II quedó ahora en manos del Senado, donde comenzará una nueva etapa de discusión.
